Judicial

Ataque a la casa de la docente: la investigación lleva seis meses y los avances son escasos. No hay pruebas en los teléfonos celulares

La investigación judicial que se inició hace seis meses, por el intento incendiario contra la casa de una docente de un colegio privado de la ciudad, no tuvo avances relevantes durante los últimos meses, dado que de la apertura de los teléfonos celulares que fueron secuestrados en la causa, no surgieron datos que vinculen a los sospechosos con el hecho investigado. Por ello, la Fiscalía pediría la realización de nuevas medidas de prueba.
La fiscal Ivana Hernández investiga el hecho que ocurrió durante la madrugada del 8 de julio pasado, cuando tres menores de edad, estudiantes del colegio secundario Instituto Nuestra Señora de General Pico, arrojaron una bomba tipo molotov contra la puerta de la casa de la docente Guadalupe Vaio, ubicada en la esquina de las calles 111 y 16 de esta ciudad. Debido a las condiciones climáticas reinantes el día del hecho, el fuego no se propagó demasiado, se extinguió a la brevedad y no provocó daños de consideración.
Además, los adolescentes que actuaron con máscaras para no ser identificados por las cámaras de vigilancia del domicilio, dejaron una nota amenazante a través de la cual la instaron a aprobar a los alumnos de los colegios privados. Por el ataque, se les formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria a tres menores de edad (adolescentes), en una audiencia en la cual se dispuso la realización de distintas medidas de prueba, como una rueda de reconocimiento de personas, la apertura telefónica y una pericia caligráfica.

Según se supo hace algunos días, se conocieron los resultados de las aperturas telefónicas realizadas por parte de la Brigada de Investigaciones de la Policía, de las cuales no habrían surgido datos de relevancia para la investigación judicial. Tras esto, la Fiscalía pediría la pericia de las tablets que pertenecen a los sospechosos del caso.
En el marco de esta investigación, meses atrás se realizó una rueda de reconocimiento de personas a la que fueron sometidos los adolescentes. Según se informó, la persona que tuvo que reconocer a los menores, fue el comerciante que les vendió las máscaras que usaron en el hecho, con el objeto de ocultar sus rostros. En esta rueda, los menores no habrían sido reconocidos de “forma indubitada”.
También se llevó a cabo una pericia caligráfica sobre la nota amenazante que dejaron en la casa de la docente, de la cual surgió que la escritura pertenecía al menos a uno de los sospechosos del grave ataque.
En su momento, el abogado querellante Patricio Rodríguez Petazi había manifestado que el único interés que tenía su representada, era el esclarecimiento del hecho y que se conociera a quienes fueron los autores del ataque.

Fuente: La Arena

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