Política

Etchevehere, ministro de Agricultura de Nación, investigado por corrupción. Diez funcionarios de primera línea en conflicto con la Justicia y continúan en sus cargos

El ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, comienza a estar más comprometido con el delito de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta, por más que haya restituido a la Sociedad Rural los 500 mil pesos que le habían “obsequiado”, ya que no lo exime de culpa de haber realizado el posible delito. Así lo entendió el fiscal Ramiro González, quien lo imputó por haber recibido esa retribución (¿a cambio de qué?) y solicitó que se lo investigue. Este posible delito se suma a los de estafa por los que fue denunciado por su propia hermana.

La causa contra el ministro de Agroindustria se abrió a partir de una denuncia que presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero. Etchevehere recibió los 500 mil pesos de la Sociedad Rural a los pocos días de dejar la presidencia de esa entidad para incorporarse a la primera línea del Gobierno.

El fiscal señaló ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que “el denunciante manifestó que dicho bono lo habría cobrado en calidad de indemnización por haber sido Presidente de la entidad, cuando en realidad el Estatuto Social de la Sociedad Rural establecería que los cargos directivos son ´No Rentados´, llamando la atención que así lo hubiera hecho cuando su tarea como ministro es, entre otras, regular y controlar el sector agrícola e industrial”.

“Agregó que tales sucesos habrían generado un desacuerdo en parte de los dirigentes de la SRA, quienes habrían enviado una nota al nuevo presidente de la entidad -Daniel Pelgrina- cuestionando el pago de tal bono puesto que el Ministro ha renunciado a su cargo y condición de socio, considerando que lo sucedido afecta el espíritu, buen nombre y honor de la misma, solicitando la devolución de tal pago”, sostuvo González.

Etchevehere había recibido a fines del año pasado un bono de 500.000 pesos por parte de la Sociedad Rural, entidad de la que era presidente, para compensar los ingresos que dejaría de percibir al sumarse al gabinete nacional. El ex titular de la SRA argumentó que antes de recibir ese monto le había consultado a la Oficina Anticorrupción si era correcto y aseguró que la respuesta fue que no había inconveniente”.
No obstante, tras la polémica, el funcionario nacional decidió devolver el dinero: “El día de la fecha procedí a transferir la suma de 500.000 pesos de mi cuenta personal a favor de la Sociedad Rural Argentina”, indicó el funcionario en un comunicado.

Siguen en la función pública aunque la Justicia los investiga por corrupción

Hernán Lombardi, ministro de Medios y Contenidos Públicos:  denunciado por desvío de fondos.

Francisco Cabrera, ministro de la Producción: denunciado judicialmente por irregularidades en concesiones de espacios públicos en la ciudad durante la gestión Mauricio Macri

Esteban Bullrich, legislador nacional: procesado por beneficiar con contratos gemelos a empresas que contribuyeron en la campaña presidencial.

Adolfo Sturzenegger, presidente del Banco Central: procesado en la causa que investiga el Megacanje, momento en que ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Economía del gobierno de la Alianza

Juan Jose Aranguren, ministro de Energía y Minería: procesado por desabastecimiento de combustibles cuando era presidente de Shell (recordar que, incluso, le allanaron su ministerio). Aparece en el informe de los Paradise  Papers con dos offshore. Trabajó 37 años en Shell y fue durante 12 años su CEO. No obstante, el Estado argentino, a través de su cartera, le compró  a Shell US$ 240 millones. El juez federal Luis Rodríguez imputo a Aranguren por incompatibilidad en el ejercido de la función pública.

Rogelio Frigerio, ministro del Interior: junto a Lombardi integra la Fundación SUMA, investigada por el destino de millones de dólares recibidos en la campaña

Oscar Aguad, ministro de Defensa: la Corte Suprema de Justicia lo absolvió por prescripción de la causa por la desaparición de sesenta millones de dólares durante su paso como interventor de la provincia de Corrientes, también durante el gobierno de la Alianza.

Guillermo Dietrich, ministro de Transportes:  le plancharon una causa abierta por “negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Luis Caputo, ministro de Finanzas: está imputado a raíz de  una denuncia penal que se fundamenta en el informe  del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que lo  vincula con una red de sociedades offshore. Estas sociedades están siendo investigadas por ser sospechadas de mover dinero  producto de actividades ilícitas. Además, Caputo en su declaración jurada de 2015,  año en el que entró en la  función pública, omitió ser parte de estas agencias, puesto que se dedicaban a comprar bonos de la deuda externa argentina, los llamados “fondos buitres”. Omisiones que intentó Caputo, ya como titular de la Secretaria de Finanzas  del estado  benefició a los “fondo buitres” y a sí  mismo por ser tenedor de bonos  de esa  deuda. Caputo, tuvo un rol fundamental en las negociaciones con los acreedores, fue él el que impulsó  la Ley 27249 conocida como “Ley de pago a los fondos buitres”.  Comportamientos que están claramente en conflicto con la ley de ética pública.

 

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