Judicial

El TIP confirmó la condena contra el ex ministro Varela

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó hoy, por mayoría, la sentencia contra el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Víctor Irineo Varela, a seis meses de prisión en suspenso por ser autor material y penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un año.

Así, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el abogado particular Sebastián País Rojo –en nombre del imputado–, ratificó en un todo el fallo que dictara la Audiencia de Juicio de Santa Rosa el 12 de abril pasado, a través de los jueces Gastón Boulenaz, Carlos Besi y Andrés Olié.

La resolución de la Sala A fue por mayoría porque el primer votante, el juez Filinto Rebechi, opinó que debía hacerse lugar al recurso, revocarse la sentencia y absolver a Varela por entender que la figura del citado delito no se configuró. Luego su par Pablo Balaguer, al expresar su postura, se inclinó por rechazar la impugnación “en su totalidad”. A esta última postura se adhirió el presidente subrogante del TIP, Fernando Rivarola, quien terminó inclinando la votación.

La Audiencia de Juicio, para dar por probado la violación de los deberes, dijo oportunamente que “al momento de asumir Varela en el cargo de ministro de Obras y Servicios Públicos (diciembre de 2011), la obra contratada por el Estado Provincial para la construcción de un estadio polideportivo en la ciudad de Santa Rosa, se encontraba paralizada desde el día 30 de diciembre de 2010; es decir que restaba un solo día antes de la expiración del plazo contractual previsto por ley 2516”.

Agregó que esa “situación se mantuvo inalterable, por la falta de adopción de las medidas administrativas necesarias para activar los mecanismos tendientes a resolver el conflicto suscitado con la empresa Inarco S.A., hasta su efectiva renuncia (noviembre de 2014); luego de lo cual el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 343/15, de fecha 22 de julio de 2015, resolvió rescindir el contrato de obra pública con la contratista por culpa de la empresa”.

“De modo que, de no haber omitido sus deberes normativos, (Varela) hubiera podido propiciar la rescisión contractual con culpa en la empresa, la que resultaba a octubre de 2012 inevitable, en razón de que no habiendo mediado posibilidad fáctica de ampliar los plazos, sólo restaba un día para la expiración del plazo contractual”, concluyó ese Tribunal.

A continuación el fallo completó que dictó hoy el TIP

FALLO Nº:34/18 SALA “A”: En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los doce días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, se reúne la Sala “A” del Tribunal de Impugnación, integrada por los señores Jueces Filinto Rebechi y Pablo Balaguer, asistidos por la señora Secretaria María Elena Gregoire, a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto en fecha 27 de abril de 2018 ante este Tribunal por el letrado Sebastián País Rojo en su carácter de defensor particular de Jorge Víctor Irineo Varela, en legajo Nº19283/8 -registro de este Tribunal-, caratulado: “VARELA, Jorge Víctor Irineo s/ Recurso de impugnación”, del que:

RESULTA: Que la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, con fecha 12 de abril de dos mil dieciocho, mediante sentencia Nº48/18 -cuya copia fue anexada por la parte recurrente en ocasión de la presentación del recurso de impugnación-, condenó a Jorge Víctor Irineo VARELA, como autor material y penalmente responsable del delito de Violación de los Deberes de Funcionario Público (art.248 in fine del C.Penal), a la Pena de SEIS MESES de Prisión de ejecución condicional (art.26 del C.P.) e Inhabilitación Especial para ejercer cargos públicos por un tiempo doble del de la condena (art.248 primer párrafo del C.Penal).

Que contra dicha sentencia, el señor defensor particular Sebastián País Rojo, por las motivaciones de procedencia de “errónea aplicación de la ley sustantiva” (art.400 inc.1º del C.P.P.), “inobservancia de normas procesales” (art.400 inc.2º del C.P.P.) y “errónea valoración de la prueba” (art.400 inc.3º del C.P.P.), interpuso recurso de impugnación, conforme escrito presentado ante este Tribunal y agregado al sistema virtual. Solicitando se haga lugar al recurso, se revoque la resolución impugnada, resolviendo el Tribunal de Impugnación Penal directamente y sin reenvío- por así resultar de una correcta aplicación de la ley-, declarándose la absolución del Sr. Jorge Varela en orden al delito acusado.

Habiéndose dado el trámite abreviado (art.416 inc.3º del C.P.P.), ha quedado ésta en condiciones de ser resuelta, habiéndose establecido el orden de votación correspondiente, siendo el primero el señor Juez Filinto Rebechi y luego el señor Juez Pablo Balaguer, y:

CONSIDERANDO:

El señor Juez Filinto Rebechi, dijo:

En principio cabe afirmar que el recurso de impugnación deducido por la defensa de Jorge Varela, resulta admisible a tenor de lo establecido en los arts.400 incs. 1º, 2º y 3º, 402 y 405 inc.1º de nuestro ordenamiento procesal.

Otro de los requisitos esenciales requeridos para la viabilidad de este recurso, o sea los motivos en los que se fundamenta, se encuentran debidamente explicitados, brindando los mismos, el marco de avocamiento y contralor que este Tribunal revisor debe efectuar, a los efectos de garantizar a quien resultara condenado mediante sentencia aún no firme, el derecho que tiene de que la imputación concreta en su contra, sea analizada una vez más en forma integral, a los fines de legitimar plenamente el poder punitivo estatal. Ello conforme lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos (art.8:2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5), incorporados a nuestra Carta Magna como ordenamiento legal positivo, con la reforma constitucional de 1994.

En tal sentido, la C.S.J.N: en el Fallo ” Casal, Matías y otro” (del 20/09/05) al referirse sobre el alcance de esta segunda instancia o doble conforme, expreso que: “(…) debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, toda lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.

Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, habré de ingresar al examen de la cuestión planteada, con la amplitud de conocimiento y revisión expuesta.

El Tribunal de Juicio, dio por probado el hecho de la siguiente manera: “(…) que al momento de asumir el Ingeniero Jorge Víctor Irineo Varela en el cargo de Ministro de Obras y Servicios Públicos de esta Provincia (Diciembre de 2011), la obra contratada por el Estado Provincial para la construcción de un estadio polideportivo en la ciudad de Santa Rosa (Expte. Nº 11059/05 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos- Dirección General de Obras Públicas), se encontraba paralizada desde el día 30/12/2010, es decir restando un solo día antes de la expiración del plazo contractual previsto por la ley 2516; situación que se mantuvo inalterable por la falta de adopción de las medidas administrativas necesarias para activar los mecanismos tendientes a resolver el conflicto suscitado con la Empresa INARCO S.A., hasta su efectiva renuncia (Noviembre de 2014), luego de lo cual el Poder Ejecutivo mediante Decreto nº 343/15 de fecha 22/07/2015 resuelve rescindir el contrato de obra pública con la contratista por culpa de la empresa”.

Las pruebas tomadas en cuenta por el a-quo a los fines de dar por acreditado el hecho tal fuera relatado supra, son:

a) la declaración testimonial del Ingeniero Bargero, Ministro de Obras y Servicios Públicos cuando se efectuó la licitación de la obra;

b) la testimonial del Ingeniero Ucciardello, Director de Obras Públicas desde abril de 2010 a Diciembre de 2011.

c) la declaración testimonial de Juan Carlos Guzmán, Subsecretario de Obras Públicas desde el 10 de diciembre de 2003 hasta el año 2011, y

d) la declaración de Alejandro Fabián Gigena, integrante de la comisión de seguimiento de la Construcción del Megaestadio desde Julio de 2008 hasta el 10 de diciembre de 2011; Secretario del Consejo Legal de obras públicas entre el 10/12/07 al 10/12/11 y asesor legislativo desde mediado del 2012 hasta el 10/12/15.

Por otra parte el Tribunal de Juicio, detalla en forma pormenorizada el desarrollo cronológico de la licitación, contratación, ejecución y posterior rescisión contractual de la obra.

Es de destacar que respecto a las pruebas producidas, se cuenta con la declaración testimonial de Marcos Paz, que entre 2013 y 2015 prestaba funciones como Asesor y Varela como Ministro.

Respecto de dicho testimonio, el a-quo consideró que dicha declaración se centralizó en un análisis político y de las eventuales estrategias del señor Gobernador para lograr destrabar el conflicto que impedía la continuidad de la ejecución de la obra. Considera que dicha declaración no puede ser tomada en cuenta porque la misma no se compadece ni encuentra correlato con prueba documental alguna.

Por su parte la defensa basa su agravio en:

A) Inobservancia de normas procesales:

El agravio del recurrente en este sentido, está basado en considerar que existió una actividad procesal defectuosa en la acusación Fiscal porque en la figura como la que se trata no identifica la conducta debida y vicia totalmente la acusación, incluso no permitiría fundar la sentencia.

En este sentido, el suscripto no va a compartir el criterio del recurrente, toda vez que tanto Fiscalía en su alegato final, como el fundamento del a-quo para considerar que el accionar de Varela por omisión, incurre en el delito previsto en el art.248 del C.Penal encuentra su fundamento en que “desde el último acto a mediados del 2012 hasta octubre de 2014 en que renunció (aludiendo a Varela), más de dos años, no se tomó ninguna decisión”.- Consideró que Varela no ejecutó las leyes cuyo cumplimiento le incumbe “(…) quién deliberadamente no actuó pese a la trascendencia que tenía la obra y los reiterados pedidos de informes”.

Es decir que, sin perjuicio que posteriormente se analizará si Varela ha cometido el hecho por omisión, encuadrable en la figura que se le enrostra, tanto Fiscalía como el Tribunal de Juicio, establecieron claramente cuál sería el acto omisivo imputado contra el imputado, por lo que este agravio de la defensa no puede prosperar.

B) Errónea aplicación de la ley sustantiva:

La sentencia yerra tanto en la construcción de tipo objetivo como del tipo subjetivo de la figura enrostrada a su defendido.

En lo que respecta al tipo objetivo, porque insiste en construir un elemento normativo ajeno al objeto del proceso, cual fue la no continuidad de una obra cuya ejecución se encontraba paralizada por disposición del Decreto del P.E.P. Nº 756/11. Que el levantamiento solo podía producirse por un acto de la misma jerarquía normativa.

En lo que respecta al elemento subjetivo, la presunta omisión que se le enrostra a su defendido, debe ser deliberada, requiriendo por lo tanto la figura inequívoca del dolo, elemento que indudablemente no se encuentra en el accionar de su defendido.

Con los elementos probatorios obrantes en la causa a criterio del suscripto no resulta fehacientemente acreditado que Varela, en su carácter de Ministro de Obras y Servicios Público de la Provincia (de diciembre de 2011 a Noviembre de 2014), omitió deliberadamente tomar medidas concretas para solucionar el conflicto suscitado con la Empresa INARCO S.A. y ello en base a las siguientes consideraciones:

Antes de que el Ingeniero Varela asumiera como Ministro en la Provincia (diciembre de 2011) el 6 de mayo de dicho año por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 756/11, se paralizó la continuidad de la obra motivo de esta investigación.

Por otra parte y ya con Varela en su función de Ministro de Obras y Servicios Públicos, se remitió a la Legislatura Provincial un proyecto donde se disponía una erogación de la provincia de cerca de 30 millones de pesos para prestárselo a la empresa para la continuación de la obra, el cual fue rechazado por la Cámara de Diputados.

Las declaraciones testimoniales tomadas en cuenta por el a-quo, a los efectos de fundamentar la sentencia que estamos analizando y son las de los testigos:

a) Ingeniero Bargero;

b) Ingeniero Urcciardello;

c) Juan Carlos Guzmán y

d) Alejandro Javier Gigena.

Los nombrados en su carácter de Ministro de Obras y Servicios Público de la Provincia; Sub-Secretario de Obras Públicas de la Provincia e Integrante de la Comisión de Seguimiento de la Construcción del Mega Estadio y Secretario del Consejo Legal de Obras Púbicas respectivamente, cumplieron esas funciones con anterioridad a que el Ingeniero Varela asumiera como Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Si bien dieron un detalle amplio y completo respecto al desarrollo de la obra del Megaestadio, ello lo fue hasta el mes de Diciembre de 2011, por lo que cuando el imputado asumió como Ministro, ninguno de ellos se encontraba en las funciones que tenían, por lo que dichas declaraciones respecto a una presunta omisión por parte de Varela tal como lo da por acreditado el a-quo, deben ser tomadas teniendo en cuenta esa circunstancia.

A su vez el Tribunal de Juicio no tomó en cuenta la declaración prestada por el letrado Marcos Paz quien entre 2013 a 2015 cumplía funciones de Asesor del Ministro Varela, aduciendo que la misma se centralizó en un análisis político y de las eventuales estrategias del señor Gobernador de la Provincia. Aduce asimismo, que advirtió en dicha declaración ciertas fisuras que menguan su valor probatorio (por ejp. con la necesidad de contar con el proyecto de ley nº 21 referido al montaje de la estructura y cubierta metálica del polideportivo).

Sin perjuicio del respetado criterio sustentado por el a-quo, considero que debe analizarse algunas de las manifestaciones del testigo Marcos Paz, a los efectos de poder determinar en concreto, si se ha configurado el ilícito por el cual resultara condenado el Ingeniero Varela.

Voy a mencionar una serie de afirmaciones de Paz, que considero de importancia para poder comprender como se fueron desarrollando los hechos en relación a la paralización de la obra y que desde mi punto de vista no se tratan de expresiones de tipo político, sino de lo que desde su punto de vista sucedió:

1) en mayo de 2011, el señor Gobernador dicta un Decreto suspendiendo la obra;

2) en el año 2012 se define técnicamente que además de la máquina había que poner columnas, entonces lo que el Gobernador hace es hacerse cargo de las columnas, prestarlas y después dejarlas para la provincia. Se necesitaban 29 millones de pesos, la Cámara trata la ley y dice que no, que no autorizaba los 29 millones;

3) cuando ingresó en el 2013 como asesor gubernamental, a los efectos de destrabar empezaron a evaluar posibilidades, la única era traer al Presidente del Tribunal de Cuentas y al de la FIA. La Comisión empezó a evaluar y tanto Carola como Sapa tampoco tenían solución, porque el tema era legal;

4) se evaluó hasta un techo alternativo pero salía 120 millones, si la cámara no había aprobado uno de 29 millones no podía presentar éste ante ella:

5) Todos querían rescindir pero no había forma de salirse, y

6) uno podía rescindir (el testigo se refiere al accionar de Varela como Ministro), no tenía nada que ver, la obra la paralizó Jorge, que pidió una ley para poder continuar y no le dieron. No podía hacer nada, podía conocer el expediente y buscar alternativas, pero no las tenía él.

Estas manifestaciones de Marcos Paz, que indudablemente tenía conocimiento de cómo se fueron desarrollando los hechos en relación a la paralización y la posibilidad de continuar la obra del Magaestadio, por la función que estaba cumpliendo como Asesor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, nos da un panorama claro y preciso, en el sentido de que en su función de Ministro en esa cartera, Varela obró dentro de sus posibilidades. Tomó las medidas que podía llegar a ser necesarias para que la obra pudiera continuar y si ello no se consiguió, no fue porque el entonces Ministro “omitiera deliberadamente” no efectuarlas, sino circunstancias ajenas a su voluntad (como sería la no aprobación por parte de la Cámara de Diputados de algún pedido relacionado a la aprobación de un gasto para la realización del techo del Estadio), o porque las decisiones en ese sentido, era facultad del titular de Poder Ejecutivo Provincial.

A su vez Varela en la Audiencia de Juicio, declara que cuando asumió como Ministro hacía un año que la obra estaba paralizada y que en Julio de 2012 la empresa presenta una documentación solicitando un montaje especial el cual requería financiamiento del Estado y que remitido a la Cámara el mismo fue rechazado.

Estas manifestaciones de Varela, se compadece con lo declarado por el testigo Paz, en el sentido de que verdaderamente existía una traba legal para poder continuar con la obra, más concretamente con el techo del Estadio. Alude Varela asimismo, que el Gobernador con sus asesores legales y técnicos comenzaron a trabajar para encontrar la vía para poder continuar con la obra. Por último agrega el entonces Ministro Varela “Todos los integrantes del Gabinete sabían que era una decisión pura y exclusiva del Gobernador”.

El Tribunal de Juicio, considera que se encuentra configurada la figura enrostrada, toda vez que luego del fallido proyecto de Ley Nº 21 el Ministro Varela omitió:

a) “proyectar el contenido de los Decretos (…) para facilitar y asegurar el cumplimiento de las leyes”; “adoptar las medidas tendientes a asegurar la legalidad y celeridad de los actos administrativos” (art.2 letras g) y Ñ) de la ley 1666);

b) de “asistir al gobernador en la promoción, fiscalización y contralor de las obras…”

Agrega el sentenciante: “De modo que, de no haber omitido sus deberes normativos, hubiera podido propiciar la rescisión contractual con culpa de la empresa, la que resultaba a octubre de 2012 inevitable, en razón de que no habiendo mediado posibilidad fáctica de ampliar los plazos, solo restaba un día para la expiración del plazo contractual”.

De acuerdo a lo expresado por Andrés José D´ Alessio (Código Penal Anotado y Comentado- Parte Especial pag.798), la “Omisión”, “Se caracteriza por la circunstancia de que el funcionario prescinde de la ley, como si ella no existiera. Son supuestos en los que no se hace ni se ejecuta o cumple lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su órbita funcional”

Claramente el Tribunal de Juicio, considera que Varela debió haber tomado las medidas para propiciar la rescisión contractual con la Empresa. Ahora bien, debemos preguntarnos en este sentido y de acuerdo a como se fueron desarrollando los acontecimientos desde el momento en que el Poder Ejecutivo Provincial en Mayo de 2011 dictó un Decreto suspendiendo la obra, si efectivamente Varela como Ministro de Obras y Servicios Público de la Provincia, podía tomar algún tipo de medida para propiciar la rescisión contractual con INARCO S.A., cuando el señor Gobernador estaba tomando medidas para poder conseguir que la obra continúe. Es indudable que en esos momentos, el Poder Ejecutivo no quería que se rescindiera el contrato con la Empresa, sino que la obra se pudiera terminar, por lo que no podemos concluir que Varela tuviera la intención dolosa de no cumplir lo que la ley le mandaba, sino que se trató efectivamente (siguiendo el criterio del señor Gobernador), de poder conseguir que se pudiera finalizar dicha obra colocando el techo del Estadio. En otras palabras, ¿resulta factible concluir que por parte del Ing. Varela haya existido la intención dolosa de omitir tomar “las medidas administrativas necesarias para activar los mecanismos tendientes a resolver el conflicto suscitado con la Empresa INARCO SA”?. El suscripto se pregunta: ¿Qué medidas hubiese debido tomar el Ing.Varela en su carácter de Ministro de Obras y Servicios Públicos para resolver el conflicto con la Empresa, cuando esta situación era manejada por el titular de Poder Ejecutivo Provincial para conseguir autorización de fondos por parte del Poder Legislativo para la construcción del techo del Estadio? Indudablemente que la respuesta a dicha pregunta no puede ser otra que seguir con la postura del titular del Poder Ejecutivo quién en definitiva era el que resolvía al respecto.

Es por todas estas consideraciones, que considero que no se ha configurado la figura por la cual resultara condenado el Ingeniero Jorge Víctor Varela, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto por el letrado Sebastián País Rojo en fecha 27 de abril de 2018, revocando en consecuencia la Sentencia Nº48/18 de fecha 12 de abril de 2018, dictada por el Tribunal de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial y resolviendo la absolución de Jorge Víctor Irineo Varela del delito de Violación de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 in fine del C.Penal), que se le imputara en el presente legajo, sin costas (arts.474 y c.c. del C.P.P.).

El señor Juez Pablo Balaguer, dijo:

Habiendo dado lectura al voto del Dr. Rebechi, ingreso al tratamiento del análisis del recurso interpuesto.

Sintéticamente el abogado recurrente invoca como motivos de su presentación la errónea aplicación de la ley sustantiva, inobservancia de las normas prevista en el código procesal local y la errónea valoración de la prueba (Art. 400, incisos 1º, 2º y 3º del C.P.P.).También alega que tales motivos constituyen además supuestos que califican a la sentencia como arbitraria “…por tratarse de un pronunciamiento que en parte e injustificadamente se desentiende de lo alegado, de la Ley y de las pruebas producidas en el Juicio, lesionando garantías constitucionales…” de Varela.

Peticiona que el tribunal resuelva sin reenvío –art. 412 del C.P.P.-

En lo que respectas a la inobservancia de normas previstas en el Código Procesal Penal.

Este agravio se fundó en la omisión de tratamiento por parte del tribunal a quo de la actividad procesal defectuosa planteada por la defensa. Esta última se refería a que en todo “…el proceso tuvo este signo, el de la vaguedad, el de la ambigüedad, el de la imprecisión, el de no poder distinguirse si la Fiscalía concretamente le reprochaba algo a Varela, o quería construir una acusación en relación a un chivo expiatorio que de paso dejara indemne a los sucesivos gobiernos provinciales por la no conclusión de una obra pública (sin perjuicio de que la culpa sea efectivamente de la empresa, pero ese es el trabajo de Fiscalía de Estado, no de la Fiscalía General de la Procuración)” y que tal “ambigüedad atroz” no fue salvada a lo largo del proceso. Como así también que al no ser resuelto, considera que se afectó garantías constitucionales y convencionales de su defendido, lo que torna nula por arbitraria toda la sentencia, y perpetúa la arbitrariedad de todo el proceso.

Teniendo en consideración los fundamentos de mi colega preopinante, voy a coincidir con la decisión de rechazar el agravio pertinente a la inobservancia de las normas procesales, por lo fundamentos expuestos a los que, por razones de brevedad me remito.

Sin perjuicio de ello, simplemente agregaré que el defensor no se preocupó por mencionar cómo en el caso concreto se vio afectada la defensa Varela.

Además, de la simple lectura de la fijación del hecho en la sentencia, la acusación formulada -fecha 18 de diciembre de 2015-, auto de apertura -de fecha 09/03/2016- escucha del alegato de apertura de la acusación y del alegato de clausura -actuación nº 1523137- no se evidencia la vaguedad o ambigüedad alegada por la defensa. Claramente los artículos de la ley nº 1666 especifican cuáles son las obligaciones y funciones de los ministerios, lo que fue además referenciado por los testigos que comparecieron al debate oral. Es el propio testigo de la defensa Marcos Paz quien explica las funciones y límites de las funciones del Ministro respecto de las cuales la acusación entiende que se omitieron. Es por ello, que la acusación ha sido clara en cuanto a las razones por las cuales llevaba a juicio al condenado Varela, más allá de la comprobación o no de su pretensión en el desarrollo del debate.

En definitiva, el Ministerio Público Fiscal ha cumplido con la carga de efectuar la acusación con sus debidos requisitos en función del delito por el cual fuera acusado y condenado Varela. La precisión respecto a qué actos concretos omitió hacer Varela, queda delimitada por las acciones que no ha llevado adelante y son inherentes a sus funciones. Por otra parte, si tales omisiones se encuentran o no comprobadas y configuran la figura penal, es un aspecto que no corresponde que trate en el planteo.

Por lo expuesto, voy a rechazar este primer agravio, en consonancia con lo que ha resuelto el Dr. Rebechi.

Errónea aplicación de la Ley Sustantiva.

Considera el recurrente que la sentencia incurre en una errónea aplicación de la ley sustantiva, tanto en lo que respecta a la construcción del tipo objetivo como del tipo subjetivo de la figura en cuestión.

En concreto, bajo este motivo se desarrollan dos agravios: uno pertinente a que la sentencia construye un elemento normativo de la tipicidad objetiva ajeno al objeto del proceso y, el restante relativo a que la sentencia yerra en elemento subjetivo del tipo penal.

En lo que hace a la tipicidad objetiva en el recurso se explicó que: “El objeto del proceso (lamentablemente más político que jurídico-penal) siempre fue la no continuidad de una obra cuya ejecución se encontraba paralizada; paralización dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial nº 756/11, del 06 de mayo de 2011. Así entonces, y con encuadre en los Arts. 53 y 64 de la Ley 38 de Obras Públicas de la Provincia de La Pampa, la paralización de la obra con la consiguiente suspensión de plazos fue legal y legítimamente dispuesta por un Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, y por lo tanto sólo podía resolverse el levantamiento de dicha paralización mediante un acto de la misma jerarquía normativa (como efectivamente ocurrió mediante el Decreto del Gobernador nº 37/15, de fecha 18 de febrero de 2015), por lo que de ninguna manera podía el Sr. Varela, en su carácter de Ministro de Obras y Servicios Públicos, dictar acto administrativo alguno que contradijera, suspendiera o pasare por encima de aquel Decreto, ya que ello sí hubiera constituido una afectación al respeto del ordenamiento jurídico y la jerarquía de las normas, y por lo tanto una afectación a la Constitución y a las Instituciones”.

Por lo que considera que las referencias de la condena donde se utilizan “…los verbos ‘asegurar’, ‘proyectar’, administrar’, ‘adoptar’, son ciertas en la letra de la Ley de Ministerios, pero inoficiosas en la realidad de las cosas: suponiendo por un instante que el por entonces Ministro no hubiera realizado ninguna de esas acciones (lo que como se verá, no está probado), el ejercicio inverso conduce inexorablemente a que de haberlas realizado, tampoco se hubiera desparalizado la obra. No solo no estuvo el Sr. Ministro ‘sin hacer nada’ durante el tiempo de su gestión, sino que en relación concreta a la obra del megaestadio, nada de lo que pudiera hacer (y efectivamente hizo) cambiaba el hecho de en quién reposaba la decisión respecto a la reanudación de tareas, o la rescisión, o en concreto la firma de un decreto que levantara la paralización formal y diera por terminado el asunto: todas esas acciones, todas esas opciones, fueron y son del arbitrio exclusivo de quien ocupe el cargo de Gobernador de la Provincia”. A partir de este objeto del proceso es que el recurrente continúa su análisis en el cual destaca la imposibilidad de Varela de poder desparalizar la obra, para lo cual destaca que quien sí podía realizarlo era el Gobernador, y el asesoramiento que podría haber brindado el Consejo de Obras Públicas mientras estaba en funciones el Ministro Varela.

Ahora bien, el análisis de este agravio me lleva a disentir con el defensor en la primera afirmación que efectúa en su planteo, o sea, en aquella en la cual describe el objeto del proceso y el análisis que hace en consecuencia.

Ha quedado claro que el Ministerio Fiscal ha cumplido debidamente con los requisitos de su acusación en todas las etapas del proceso y es por ello, que ha existido la posibilidad del condenado de efectuar una debida defensa. Pero a los fines del presente análisis corresponde tener presente que Jorge Irineo Varela, fue acusado porque, en su condición de Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, no adoptó las medidas administrativas necesarias para activar los mecanismos tendientes a resolver el conflicto suscitado con la Empresa Inarco a partir de la paralización de la obra del megaestadio de la ciudad de Santa Rosa. Inactividad del Ministro que, a excepción de un proyecto de ley 21/12 que no prosperó porque fue rechazado por la Cámara de Diputados, se mantuvo inalterable hasta que dejó su cargo. Y que por ello, la sentencia dio por probado que el acusado “omitió las específicas obligaciones previstas en las normas precedentemente reseñadas; las que describen y colocan en cabeza del mismo, las siguientes acciones de ‘ejecución y fiscalización’… de las obras (art. 2 ley 38), ‘proyectar’ el contenido de los Decretos… para facilitar y asegurar el cumplimiento de las leyes’; ‘adoptar las medidas tendientes a asegurar la legalidad y celeridad de los actos administrativos (Art. 2, letras g) y ñ) de la ley 1666); de ‘asistir al Gobernador’ en la promoción fiscalización y controlar las obras…'(Art. 20 bis Ley 1666)… De modo que, de no haber omitido sus deberes normativos, hubiera podido propiciar la rescisión contractual con culpa de la empresa, la que resultaba a Octubre de 2012 inevitable, en razón de que no habiendo mediado posibilidad fáctica de ampliar plazos, sólo restaba un día para la expiración del plazo contractual”.

Por lo cual, la argumentación del recurrente consistente en que el Ministro no podía dictar acto alguno para desparalizar la obra no se trata de ninguna de la actividades omitidas que se le ha reprochado, sino que se le han reprochado omisiones propias de las funciones que sí le competían. Lo que en concreto se ha endilgado a Varela es no haber practicado ninguna de las acciones que le competían dentro de la órbita funcional en que se desempeñaba como titular de la cartera del Ministerio de Obras Públicas.

Tampoco considero acertada la crítica a la sentencia referida a la imposibilidad de propiciar la rescisión contractual, porque como Asesor técnico el Ministro Varela debía fiscalizar la obra y tenía los conocimientos para poder encauzar la rescisión contractual ante la negativa de la Cámara de Diputados de aprobar alguna erogación extra para la conclusión de la obra del megaestadio. No encuentro asidero en el razonamiento propuesto por la defensa para echar por tierra el deber que se encontraba en cabeza del Ministro Varela, sobre todo porque nada indica, de la prueba aportada al debate, que el Gobernador Jorge no hubiera aceptado esa propuesta de rescisión por incumplimiento contractual de Inarco, todo lo contrario, ante las mismas causales que ya existían en el año 2012 cuando Varela estaba a cargo del Ministerio fue que el mismo gobernador rescindió el contrato con aquélla empresa. En este análisis no puedo perder de vista que “Aun cuando la figura no contenga el verbo retardar se entiende que la ejecución tardía de la ley, en tanto implica que ésta no ha sido aplicada en el momento debido, es una forma posible de omisión incluida en el tipo penal” (“Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado. Andrés José D’Alessio Director, 2da. Edición actualizada y ampliada, Tomo II Parte Especial, Ed. La Ley, año 2009, Buenos Aires, p. p. 1232). Por lo cual, queda evidenciado que desde el rechazo de la Cámara de Diputados no existía necesidad de retardo para que el Ministro Varela proponga el levantamiento de la paralización, reinicio de obra, tal como a la postre se procedió.

 

En ese orden de ideas, si el obstáculo también desaparece no sólo ante el rechazo de la Cámara de Diputados sino también ante el informe de la FIA que había aconsejado la rescisión contractual y cuando renunció Varela fue el propio Gobernador Jorge quien desparalizó la obra, y ante el incumplimiento por parte de la empresa Inarco de la culminación de la obra, rescindió el contrato.

Por otra parte, el reproche de responsabilidad que se adjudica en el texto recursivo al Consejo de Obras Públicas, órgano que integra el Ministerio a cargo de Varela, no exime de la responsabilidad de éste. Por lo que, coincido con la sentencia que nada de lo expresado por Varela o del testigo Marcos Paz se encuentra acreditado en autos como sí otros procederes que surgen del expediente administrativo.

Entiendo entonces, que la queja sobre la configuración del elemento objetivo del tipo penal debe ser rechazada.

En lo que respecta al elemento subjetivo del tipo penal, el recurrente sostiene que no se demostró ni de manera indiciaria el dolo directo que requiere la figura penal por la que fue condenado Varela, la crítica propuesta por la defensa, si bien se exponen claramente para lograr beneficiar la situación del condenado, no logra desacreditar los fundamentos expuestos por la sentencia.

Así, la banalización de los fundamentos efectuados por el a quo, no logran receptar un aspecto de suma relevancia que se ha valorado en la sentencia y que no logra poner en jaque la acreditación del obrar doloso del Ministro Varela.

En ese sentido, la nota periodística del diario “La Arena” y el no rechazo ni negación de esos dichos por parte de Varela, no son lo único que se ha valorado para demostrar el dolo de su conducta omisiva. También se han considerado los pedidos de informes de la Cámara de Diputados y de la FIA que sobre la obra del megaestadio se le cursaron, los que evidentemente fueron debidas alertas de la inacción en la que estaba incurriendo el condenado.

Con esa conclusión a la que ha arribado la decisión de condena, voy a coincidir plenamente, no sólo porque el sentido común asi lo indica, sino fundamentalmente porque se tiene en cuenta, lo expuesto en la sesión parlamentaria de la Cámara de Diputados para rechazar el proyecto de resolución de Ley 21/12, en lo que también reparó la sentencia puesta en crisis al expresar: “Respecto al rechazo del proyecto de ley nº 21/12 (b), resulta pertinente la copia del debate parlamentario (ver Diputados Schanton y Giorgis), la que fue debidamente transcripta en lo sustancial en la Resolución nº 604/14 de la F.I.A. (págs. 59/77), por lo que en honor a la brevedad a ella me remito; sin dejar de mencionar que ya se instaba al Poder Ejecutivo a que terminara la obra y que debía rescindirse el contrato.”. De lo que se podía prever la necesidad de rescindir la relación contractual con la empresa INARCO por incumplimiento de ésta última.

Con lo expuesto, considero que deben rechazarse las críticas efectuadas a la configuración del delito, por no verse mínimamente desvirtuada por la crítica abordada por la defensa.

Por último, he de referirme a la errónea valoración de la prueba.

Al respecto, la crítica central que se aborda en cuanto a la errónea valoración de la prueba es la desacreditación del testigo Marcos Paz, quien fue testigo presencial de las reuniones que se mantenían para buscar soluciones al conflicto de la obra del Megaestadio.

En tal sentido, el tribunal ha dado razones por las cuales descartó los dichos del testigo Marcos Paz, y ellos resultan de las contradicciones con la prueba documental. Como así también la falta de aval que presentaba la afirmación del testigo de la inexistencia de eventuales causas de rescisión del contrato, lo que evidenció la sentencia ante la mención concreta del Decreto 343/15 de rescisión contractual con causa. A lo que debo sumar, que la escucha concreta del testimonio -audio 10 – Paz 19283, de actuación 1523137- advierto las fisuras del testigo, las que se destacan más palmariamente en ocasión de contestar las preguntas realizadas por el Fiscal General. Por lo que a mi criterio, la valoración efectuada por el tribunal de juicio no sólo se corresponde con lo que han podido apreciar mediante el privilegio de la inmediación, sino que la propia escucha torna poco creíble los dichos del testigo en cuestión.

En tal sentido, son características del juicio oral del actual sistema que toda evidencia admitida y producida para el juicio pueda ser pertinente para la valoración de los jueces, con tal que cumpla los requisitos generales de la prueba (pertinencia, relevancia, licitud, etc.) y que además se establece un sistema de libre valoración de la prueba. Por lo cual, los hechos del juicio pueden probarse por cualquier medio sin que ninguno tenga para los jueces credibilidad preconcebida ni peso probatorio más allá del que emerja de la actividad del juicio, tal como los sostienen destacados autores respecto de sistemas procesales acusatorios similares al nuestro, así Andrés Baytelman y Mauricio Duce en “Litigación penal juicio oral y prueba”, Ed. Grupo Ed. Ibañez, Colombia, Bogotá, Reimpresión 2016, Cap. 1, 2.5 Prueba en el juicio oral, pág. 58.

Desde ese punto de vista los testimonios y su valoración, en el debate consistirá en versiones o información que tendrá o no peso probatorio en relación a la totalidad de las distintas evidencias del caso y en ese juego armónico podrán arrojar mayor o menor credibilidad a los jueces al momento de resolver el caso.

Por lo que, a mi criterio, entiendo que la sentencia como razonable la versión de unos testigos del juicio y no de otros, precisamente por la credibilidad que ellos le brindaron en el juicio a partir de la conjunción de esos testimonios con el resto de las evidencias allí presentadas, razonamiento este que he de compartir. Ello de conformidad con lo prescripto en los artículos 167 y 168 del C.P.P. en donde se señala que “todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas en la ley…” y que “las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas con arreglo a la sana crítica racional”.

Por todo lo expuesto es que voy a rechazar en su totalidad el recurso de impugnación deducido por el defensor a favor del condenado Jorge Varela. Así voto.

Atento a los criterios disímiles de los señores Jueces preopinantes, corresponde que emita voto el señor Presidente subrogante del Tribunal, Fernando G. Rivarola, quien dijo:

Habiendo tomado conocimiento de los fundamentos esgrimidos por los Jueces llamados a decidir y en consideración al recurso de impugnación interpuesto, voy a adherir al voto del Juez Balaguer y, en consecuencia, coincidir con la decisión de rechazar en su totalidad el recurso de impugnación deducido a favor de Jorge Víctor Varela y, en consecuencias, confirmar la condena que se le impusiera al nombrado mediante nº 48/18 de la Audiencia de Juicio de esta ciudad.

En primer término, arribo a la decisión de rechazar el recurso en favor de Varela, por coincidir, con ambos votos, en que no existe en el caso la inobservancia de las normas procesales alegadas por el defensor. Esto en virtud que, tal como ha quedado explicado en los votos de los jueces que me anteceden, no se ha visto afectado el derecho defensa por no existir la imprecisión en la acusación, a la luz no sólo de la lectura de la acusación formulada oportunamente por el Ministerio Público Fiscal, sino también por la escucha de los audios correspondientes a lo sucedido en el debate oral.

Por otra parte e ingresando al tratamiento de la disidencia de los jueces de esta Alzada, concuerdo en particular también con la decisión de rechazar el agravio correspondiente a la errónea aplicación de la ley sustantiva, a la que ha llegado el Juez Balaguer. En este aspecto, porque si bien, no se puede decir que el acusado Varela, en su carácter de Ministro no podía efectuar una acto que deje sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo o de la Ley de la Cámara de Diputados, sí podía Varela en tal carácter, conforme sus competencias, efectuar otra clase de actos, justamente atinentes a su especialidad, que pudieron haber servido como asesoramiento para la toma de alguna decisión que permitiera al Gobernador sortear las circunstancias acaecidas. Es un hecho, dado que así ocurrió días inmediatos posteriores a la renuncia de Varela a su cargo de Ministro, porque ante el nuevo titular de la cartera ministerial en cuestión, el Gobernador Jorge concretó un accionar para intentar avanzar en la obra del Megaestadio.

En definitiva, la sentencia puesta en crisis ha dado razones fundadas y coherentes para tener por acreditada la configuración del delito por el que fue condenado Jorge Varela y los planteos del recurso no logran enervarlos. Por lo que adhiero al criterio del Juez Balaguer y, por razones de brevedad y de no reiteración, hago propios los fundamentos expresados en su voto.

Por todo ello el Tribunal por mayoría,

FALLA:

PRIMERO: No haciendo lugar al recurso de impugnación interpuesto en fecha 27 de abril de 2018 ante este Tribunal por el letrado Sebastián País Rojo en su carácter de defensor particular de Jorge Víctor Irineo Varela, confirmando en consecuencia el Fallo Nº48/18, dictado por la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, con costas (arts.474 y c.c. del C.P.P.).

SEGUNDO: Protocolícese, notifíquese y remítase el presente a la Oficina Judicial de esta ciudad.​

Arriba