Judicial

El ex gobernador Jorge en el juicio a policías: “Fue una especie de extorsión al poder político”

El ex gobernador Oscar Mario Jorge y otros 12 testigos declararon hoy, en la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, en el marco del juicio oral y público que se le sigue a 14 ex policías por el delito de sedición porque –de acuerdo a la acusación final– el 11 de diciembre de 2013 tomaron en forma “violenta y hostil” la Jefatura, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial (Cecom) y la Dirección de Comunicaciones.

El objetivo era “arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial” una serie de medidas que ya habían dejado asentadas en un petitorio, según indicara el fiscal general Guillermo Sancho en su alegato de apertura.

El tribunal que está a cargo del proceso lo conforman los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín.

Los imputados son Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Luis Horacio Bruno, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas.

Montes y Salvatierra fueron declarados en rebeldía y se ordenaron sus detenciones, ya que no se presentaron a las audiencias. Rojas recién lo hizo hoy, en el tercer día del juicio, tal cual había adelante Boris Vlasich, su abogado particular; aunque no quiso declarar. El y Montes están acusados, además, de los delitos de daño y coacción.

Hoy no concurrieron tres testigos. Susana Rosane, una policía que estuvo imputada en la causa y que fue mencionada como intermediaria entre las partes durante la revuelta. Ella presentó un certificado médico sin fecha de finalización y, tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas, señalaron que su testimonio es relevante. Los otros ausentes fueron el ex presidente de Vialidad Provincial, Horacio Giai, y el comisario Enrique Calderón.

El testimonio del ex gobernador

Jorge hizo un racconto de las horas previas y enmarcó el conflicto en un contexto nacional al recordar que en esa época hubo acuartelamientos en 21 provincias y ocurrieron junto a saqueos e intentos de saqueos.

Indicó que ya el lunes 9 había “algunos síntomas” de lo que ocurriría pues “se hablaba” del tema. “Había temor en la gente, por eso al otro día, en una conferencia de prensa, expliqué los beneficios que tenía la policía e hice un llamamiento al diálogo y a la paz social”, señaló.

Indicó que la noche del 10 hubo un intento de saqueo al supermercado La Anónima, en Stieben y Pilcomayo, y que al otro día, alrededor de las 21, recibieron un petitorio de doce puntos por parte de los manifestantes. Explicó que el gobierno no dio una respuesta inmediata “porque era de práctica ver primero el texto” y que a continuación la Jefatura fue tomada.

“Nos preocupaba cubrir la seguridad de la gente atento a lo que ocurría en otras provincias –manifestó el ex gobernador–. Por eso, por prevención, llamamos al gobierno nacional y pedimos el apoyo de Gendarmería y Prefectura. Hablamos a las seis de la mañana y al mediodía llegaron unos 600 efectivos. Ellos coordinaron sus acciones con el Ministerio de Gobierno. El único objetivo era cubrir la seguridad de la ciudad. Nada más que eso. No podíamos pedirle a la fuerza nacional que vaya a pelearse con una fuerza provincial”.

Al referirse al fin del conflicto, señaló que “dimos un aumento salarial importante, se resolvieron atrasos burocráticos en los pagos de los adicionales y tomamos el compromiso de no iniciar ninguna acción administrativa contra los policías, más allá de lo que hiciera la Justicia. En 27 horas que duró todo esto se solucionó el problema”.

– ¿Tomó libremente la decisión de otorgarles un aumento salarial? ¿Tuvo tranquilidad absoluta para pensar?, preguntó la fiscalía.

– A la atura de firmar el decreto, sí. Fue una situación difícil porque no creíamos que esto iba a suceder en La Pampa. Y se decidió dar el aumento para no tener más conflictos.

– Usted dio conferencias de prensa en las horas posteriores. En una de ellas habló de extorsión.

– Sentíamos una extorsión en el sentido de que había policías autoacuartelados y teníamos temor acerca de lo que podía pasar con la gente frente a eventuales saqueos y robos. Fue una situación particular, una especie de extorsión al poder político. Recordemos que hubo comerciantes que llegaron a pensar en armarse para defender sus negocios. Por eso tomamos decisiones en función de evitarle problemas a la gente ante la falta parcial de seguridad en la ciudad.

– ¿Sabe si funcionó la línea de emergencia 101?

– No, no funcionó. Yo creo haber llamado al 101 y no me atendieron.

­– Usted habló de condicionamientos. ¿Eso le hizo tomar decisiones que no hubiera tomado en otro momento?, quiso saber el defensor oficial Martín García Ongaro.

– Me condicionó la falta de seguridad de la gente. Aun habiendo estabilizado la seguridad con la presencia de la Gendarmería, ello duraría poco tiempo. ¿Qué hubiera pasado si no hacíamos la propuesta salarial…? Buscamos solucionar rápidamente el conflicto. Recuerdo que un periodista me preguntó porqué accedí a las peticiones. Lo hicimos en función de la gente.

– ¿Los reclamos tenían legitimidad?

– Todos aspiramos a ganar más, pero hubo otras connotaciones que me confundieron, como pedir que releváramos al jefe y al subjefe, que no se aplicara una ley y que existiera un cupo de viviendas específico para la policía.

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