La Pampa siempre priorizó a su gente, construyendo viviendas y oportunidades. Pero las decisiones nacionales de abandonar los planes de vivienda afectan directamente a la Provincia. Con el Decreto 06/2025, el presidente Javier Milei derogó uno de los fondos principales que se destinan a la construcción de viviendas en todo el país.
“En nombre del Gobierno provincial y como presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, manifestamos el absoluto rechazo a la unilateral y antojadiza disolución del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y al abandono de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional para la finalización de obras esenciales, como los planes ProCreAr y Casa Propia, entre otros”, señaló la titular del IPAV, Erica Riboyra.
“Estas medidas no solo representan un golpe devastador para las familias humildes y trabajadoras de nuestra Provincia y de toda la Argentina, sino que son parte de un plan sistemático de desmantelamiento del Estado y de retraimiento en los servicios y alcance de políticas que benefician a los más humildes, pobres y trabajadoras de nuestro país”, agregó la funcionaria.
Más adelante, expresó que “la vivienda no es un lujo ni un privilegio, es un derecho humano fundamental que garantiza estabilidad, dignidad y una base segura para el desarrollo de las familias. Sin embargo, el abandono sistemático de políticas públicas con contenido social vulnera gravemente este derecho, afectando la estabilidad social y profundizando las desigualdades. En La Pampa, hemos trabajado constantemente para cumplir con este derecho, entregando hogares que no solo transforman la vida de quienes los habitan, sino que también fortalecen nuestras comunidades y dinamizan la economía local”.
“La derogación de este Fondo Fiduciario, es un golpe más que se suma a la degradación del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y a la paralización de proyectos destinados a viviendas, que pone en riesgo los sueños de miles de familias. Madres y padres que esperaban esta posibilidad para brindar a sus hijos un hogar digno ahora ven ese sueño hecho añicos. Los niños y jóvenes, que son el futuro de nuestra Provincia, sufren las consecuencias de estas decisiones arbitrarias, clasistas y regresivas”, señaló la presidenta del IPAV.
Riboyra, como respuesta a la medida del Gobierno nacional, enumeró beneficios adicionales que brindan la obra pública y la construcción de viviendas. “En La Pampa, fuimos testigos de cómo generan empleo, potencian el desarrollo económico y promueven la igualdad social. Cada vivienda entregada es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Estado provincial y empresas pampeanas que con nuestros trabajadores de la construcción aportan su labor y dedicación para mejorar la calidad de vida de pampeanas y pampeanos”.
“Como institución, rechazamos firmemente las decisiones que desmantelan herramientas clave para garantizar este derecho básico. La disolución del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social es un retroceso inadmisible que ignora las necesidades de las familias y vulnera el derecho a un hogar digno consagrado en nuestra Constitución, y que abre un gran interrogante sobre el destino que tendrán esos fondos en manos de la Nación”, indicó en otro tramo de sus declaraciones a la Agencia Provincial de Noticias.
La funcionaria reafirmó el compromiso del IPAV con la vivienda social y con las familias pampeanas. “Estamos implementando medidas concretas para contrarrestar este retraimiento sistemático en el alcance de las políticas habitacionales, con las intendencias, y fortaleciendo programas provinciales que priorizan a las familias más vulnerables y buscando alternativas de financiamiento para continuar construyendo hogares que promuevan la igualdad y el desarrollo. Seguiremos trabajando incansablemente para buscar alternativas que nos permitan mitigar el impacto de estas medidas y garantizar que cada familia tenga acceso a un hogar seguro, digno y sustentable”.
También invitó a los legisladores nacionales, a las autoridades municipales y a la sociedad en su conjunto a “unir sus voces en defensa de este derecho fundamental”, afirmando que “la vivienda no puede ser moneda de cambio ni rehén de decisiones políticas que atentan contra nuestra gente”.
“Desde La Pampa, exigimos con firmeza que se reviertan estas medidas regresivas y destructivas, se generen inmediatamente políticas alternativas, o se giren los fondos a la provincia, que sí sabe cómo resolver los problemas de la gente. No permitiremos que el desmantelamiento del Estado condene a nuestras familias al olvido”, concluyó.
