Se reunió la Comisión de Legislación Social, presidida por Laura Trapaglia, para darle tratamiento al proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para llevar a cabo una auditoría externa de los programas nacionales que se aplican en niñez, discapacidad y adultos mayores. La reunión contó con la presencia del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca.

En primer lugar, el funcionario tomó la palabra y expuso ante las y los legisladores, sobre la centralización de las medidas implementadas a nivel nacional y su impacto en la niñez.

"La primera cuestión en el análisis de lo que es política pública de infancia y adolescencia es que básicamente siempre ha sido una política centralizada", expresó Meaca, señalando que las provincias aplican programas definidos a nivel nacional, con algunas jurisdicciones complementándolos según sus necesidades.

En su intervención, Meaca destacó que las políticas más universales en materia de infancia en Argentina son la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. "Estos dos programas en algún momento, sobre todo con la Asignación Universal, han logrado una cobertura casi total en la infancia y la adolescencia", afirmó. Según el Defensor, UNICEF ha identificado la asignación como una herramienta clave para reducir la indigencia infantil: "Destinando un punto del Producto Bruto Interno, se podría sacar a todos los niños de la situación de indigencia".

También subrayó la importancia de la reciente ampliación de la AUH para adolescentes de 16 y 17 años y la necesidad de que el monto de la asignación se actualice en función de la inflación. "Muchas veces, con los procesos inflacionarios, el monto de la AUH no logra el objetivo de garantizar alimentación, salud y educación", puntualizó.

Otro de los ejes abordados fue la implementación del "índice de crianza", un indicador que permite estimar el costo real de manutención de un niño. "Este índice, que es actualizado constantemente por el INDEC, se usa hoy para calcular alimentos en procesos judiciales", explicó Meaca, agregando que en La Pampa se trabaja en la incorporación de un índice de crianza provincial que refleje mejor la realidad económica local.

Durante su exposición, alertó sobre el desmantelamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), lo que afecta la continuidad de programas fundamentales. En este sentido, mencionó el desfinanciamiento del servicio 102 y la paralización de la implementación de la Ley Lucio por falta de definición de contenidos mínimos por parte del Estado Nacional.

Meaca resaltó los amparos presentados por la Defensoría para garantizar derechos vulnerados, incluyendo el acceso a medicamentos oncológicos y alimentos para niños en situación de vulnerabilidad. "Se han ganado casi todos estos amparos judiciales, pero la complejidad radica en cómo garantizar su cumplimiento", puntualizó.

Más adelante, el funcionario se refirió a la crítica situación de los programas nacionales de infancia y adolescencia, a raíz de la inestabilidad institucional y la falta de financiamiento.

"El año pasado fue muy problemático, sobre todo para los programas nacionales de infancia y adolescencia y su ejecución en las provincias", advirtió Meaca. En este sentido, señaló que la rotación de tres secretarios nacionales de Niñez, Adolescencia y Familia impidió la convocatoria del Consejo Federal del área, el organismo encargado de diagramar las políticas públicas en coordinación con las provincias.

A su vez, mencionó la situación crítica de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo mandato está vencido y cuya Comisión Bicameral no se reunió en tiempo y forma. "El Comité de los Derechos del Niño alertó a la República Argentina sobre diversas cuestiones, entre ellas, la falta de participación en la devolución del Comité de Naciones Unidas", indicó el Defensor.

Meaca también señaló el impacto del desmantelamiento de programas nacionales en la búsqueda de menores desaparecidos. "La SENAF contaba con equipos técnicos en cada provincia que monitoreaban programas sociales clave, como el de trata y búsqueda de chicos. Esos equipos ya no existen", alertó. Según precisó, "faltan 1.400 chicos en la Argentina y la desaparición de estos equipos agrava la problemática".

Por otra parte, destacó el rol de la Defensoría provincial en el seguimiento de expedientes judiciales vinculados a la niñez. "Hoy tenemos casi 99 expedientes activos en los que intervenimos para garantizar el cumplimiento de derechos de los niños retirados de sus referentes biológicos", explicó.

Sobre el sistema de acogimiento familiar, señaló que "se ha visto debilitado en los últimos años" y que "la adopción ha caído drásticamente" debido a cambios demográficos y avances en técnicas de fertilidad. "Hoy vemos cada vez menos interesados en adoptar, lo que genera un número creciente de niños que quedan bajo la tutela del Estado", afirmó.

En este sentido, instó a repensar nuevas estrategias de adopción y figuras de acompañamiento para niños sin posibilidad de ser adoptados. "Debemos avanzar en estructuras afectivas que les brinden contención, aún sin ejercer la responsabilidad parental directa", dijo.

Meaca también hizo referencia a la intervención de la Defensoría en casos de desalojos y usurpaciones, donde se trabaja en la aplicación del protocolo para garantizar soluciones habitacionales antes de la resolución judicial. "La Defensoría tiene casi 170 expedientes en los que intervenimos aplicando el protocolo para que, antes de la resolución judicial, esté resuelto el tema de la habitación".

Otro eje de su exposición fue la situación de niños nacidos en unidades penitenciarias y la necesidad de garantizar su bienestar fuera del sistema de privación de libertad. "Cuando asumí, había dos bebés en la Unidad 13. Lo consideré ilegal y sigo sosteniendo que es ilegal que haya niños dentro de los sistemas de privación de libertad", afirmó. Desde entonces, la Defensoría trabaja para garantizar la prisión domiciliaria a madres con hijos pequeños y hacer un seguimiento de sus familias.

Por último, el Defensor abordó el impacto del reciente decreto que restringe tratamientos hormonales para niños y adolescentes trans, calificándolo como "altamente discriminatorio". "Es un decreto que no fue contra la generalidad, sino contra un actor específico, lo que vulnera todos los principios convencionales, constitucionales y de derechos humanos", concluyó.