La información de prensa Judicial indicó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra el docente Juan Manuel Lavín por acoso sexual y hostigamiento, figuras incluidas en los artículos 94 y 99 del Código Contravencional de La Pampa, al declarar inadmisible el recurso de queja presentado por su defensa".

El fallo había sido dictado por el juez contravencional de General Pico, Maximiliano Boga Doyhenard, al dar por probado –con las pruebas reunidas en el juicio– que el profesor, de 40 años, realizó esas conductas en perjuicio de dos alumnas de sexto año.

El día después llegó a nuestra redacción una carta del abogado defensor de Lavin, Juan Cruz Goyeneche con críticas a la Justicia en general y donde desmiente que la Corte Suprema haya confirmado, asegura que "lo que es peor, se lo condenó sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siquiera se dignara a revisar el caso. No rechazó. No confirmó. Simplemente, no le dio tratamiento".

La carta: 

Le escribo con el deber y la convicción de quien no puede, ni debe, callar frente a la profunda injusticia que atraviesa mi defendido, el Sr. Lavín, y que, lamentablemente, no es un caso aislado, sino un síntoma claro del deterioro del sistema judicial en determinadas jurisdicciones del país.

El proceso contra Lavin ha estado desde sus inicios plagado de ambigüedades, inconsistencias y ausencias probatorias que, en cualquier Estado de Derecho genuino, habrían sido suficientes para declarar su inocencia. Pero no. Aquí se prefirió hacer oídos sordos al principio fundamental que protege a cada ciudadano frente al poder punitivo del Estado: ante la duda, se absuelve. Y lo que es peor, se lo condenó sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siquiera se dignara a revisar el caso. No rechazó. No confirmó. Simplemente, no le dio tratamiento. El silencio como forma de avalar una injusticia.

Mientras tanto, en la justicia provincial donde se originó esta persecución, lo que debería ser imparcialidad y mesura se ha visto reemplazado por una militancia judicial teñida por ideologías de género que, lejos de proteger a todos por igual, han nublado el verdadero norte de la justicia: ser justa con todos, sin distinción ni prejuicio. Hoy, las decisiones parecen responder más a alineamientos ideológicos que a la aplicación fría y justa del derecho.

A esto se suman fiscales que, movidos por el deseo de protagonismo y no por la búsqueda de la verdad, avanzan sobre personas inocentes sin medir el daño humano, familiar y social que causan. Y jueces que, en lugar de actuar con coraje y responsabilidad, eligen proteger sus cargos, plegándose al relato de turno.

Todo este combo —provincias alineadas con estructuras judiciales del pasado, fiscales que buscan notoriedad, jueces temerosos, y una Corte que se ausenta— conforma un sistema que ya no garantiza justicia real, sino escenografía institucional.

El caso Lavín debería hacernos reflexionar como sociedad: cuando el aparato judicial se convierte en trinchera ideológica, cuando se renuncia al deber de dudar, cuando se condena sin revisar, la justicia deja de ser justicia y se convierte en una herramienta peligrosa en manos equivocadas.

Con la esperanza de que la verdad y el sentido común vuelvan a tener lugar en nuestros tribunales, saludo a usted muy atentamente.

Juan Cruz GOYENECHE
Abogado Defensor

T° IX - F° 189