El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Daniel González Duarte, imputado por un presunto caso de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por el uso de armas y coacción. De esta manera, continuará cumpliendo arresto domiciliario por el plazo de dos meses que había sido dispuesto por la Justicia de General Pico.

La resolución fue adoptada por la Sala B del máximo tribunal provincial, que consideró que el planteo de la defensa no reunía los requisitos necesarios para habilitar la revisión extraordinaria del caso.

El expediente se originó a partir de un hecho investigado que habría ocurrido el 3 de abril de este año. Durante la audiencia de formalización realizada al día siguiente, una jueza de control había rechazado el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y, en cambio, impuso medidas sustitutivas para el imputado.

Sin embargo, posteriormente el Ministerio Público Fiscal pidió revisar esa decisión al considerar que existían riesgos procesales. El 29 de abril, la jueza hizo lugar parcialmente al planteo y dispuso que González Duarte cumpliera arresto domiciliario durante dos meses. La medida fue confirmada luego por el Tribunal de Impugnación Penal.

Ante esa situación, el defensor Héctor Freigedo recurrió al Superior Tribunal. Sostuvo que su asistido había cumplido todas las reglas impuestas originalmente y que no existían elementos nuevos que justificaran agravar las restricciones a su libertad. También cuestionó que el riesgo de fuga se basara en aspectos como la nacionalidad paraguaya del acusado, su situación laboral precaria y la posibilidad de trasladarse en busca de trabajo.

La defensa además argumentó que nunca se acreditó un peligro concreto de entorpecimiento de la investigación y que la víctima ya había prestado declaración mediante Cámara Gesell sin inconvenientes. Según su planteo, el arresto domiciliario vulneraba los principios de proporcionalidad, mínima intervención y debido proceso.

No obstante, los ministros del Superior Tribunal concluyeron que el recurso no desarrolló adecuadamente los argumentos de arbitrariedad ni explicó de manera suficiente cuáles eran las garantías constitucionales supuestamente afectadas. También señalaron que el Tribunal de Impugnación Penal había fundamentado su decisión al valorar la situación habitacional y laboral del imputado, la intención de la Fiscalía de llevar el caso a juicio y la necesidad de continuar produciendo prueba respecto de una víctima considerada vulnerable.

Los jueces agregaron que el sistema recursivo vigente ya garantiza la revisión de este tipo de decisiones a través del Tribunal de Impugnación Penal y que la resolución cuestionada cumplió con los estándares mínimos de fundamentación exigidos por la ley y la jurisprudencia.