Por: Si.T.E.P. (Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana)
En un escenario global atravesado por la sombra de las guerras y los genocidios, y en un contexto nacional marcado por el ajuste económico y la represión, la realidad educativa no es ajena al clima de época: se ha convertido en una muestra descarnada de las tensiones sociales actuales. Los hechos se amontonan en la agenda cotidiana, desde docentes con fracturas de mandíbula hasta registros audiovisuales de peleas estudiantiles a la salida de los centros educativos. A esto se suman episodios de extrema gravedad, como el asesinato de un estudiante en San Cristóbal o la proliferación de amenazas de tiroteos viralizadas en redes sociales.
A nivel local, la situación no resulta menos alarmante. Recientemente, trascendió una denuncia por amenaza de muerte contra una docente, perpetrada por una estudiante mayor de edad que contaba, además, con antecedentes de agresiones físicas hacia otra educadora tiempo atrás.
Ante este panorama, la respuesta de las autoridades educativas ha sido el silencio y una insistencia dogmática en el "derecho social a la educación", dejando de lado la integridad de quienes trabajan frente al aula. Esta postura ha obligado a la víctima a recurrir a la justicia ordinaria en busca de protección física y psicológica, configurando un destrato innecesario que no hace más que re-victimizar a la trabajadora.
Resulta paradójico: mientras existen protocolos de actuación y una retórica basada en la "escucha atenta", cuando quien denuncia es un docente, los procedimientos se entorpecen y la mirada sospechosa se traslada, casi siempre, sobre quien levanta la voz. Si bien reconocemos la extrema vulnerabilidad de las personas involucradas, la crudeza de la pobreza y las problemáticas de salud mental, negarlas u ocultarlas bajo el manto del discurso oficial no es el camino.
El trabajo coordinado entre organismos de asistencia social, salud, educación y gobierno parece haber fallado. En la práctica, el sistema suele cortar "el hilo por lo más delgado", transfiriendo la problemática de un área a otra sin lograr establecer condiciones mínimas de convivencia.
Desde el sindicato, entendemos que en estas situaciones hay múltiples víctimas dentro de la comunidad educativa y una sociedad que se siente desprotegida. Sin embargo, somos categóricos: no se puede trabajar bajo la presión de una amenaza de muerte. En este sentido, la responsabilidad máxima de garantizar protección y cuidado recae, sin lugar a dudas, en el Ministerio de Educación.
Desde el Si.T.E.P. expresamos nuestro firme repudio a este tipo de accionar y manifestamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de la educación afectados. Son demasiados los insultos, los maltratos simbólicos y las agresiones físicas hacia quienes intentan educar o establecer límites dentro de las instituciones.
Ya no alcanzan los comunicados formales; la política pública debe enfocarse en este fenómeno. No hablamos solo de las conductas de los adolescentes, sino también de adultos que parecen incapaces de resolver conflictos o encauzar discusiones sin recurrir a prácticas violentas.
Nuestra sociedad se deteriora a pasos agigantados y la clave para revertir este proceso reside en la POLÍTICA. Esta debe ser reconstruida sobre paradigmas de respeto, justicia y la plena vigencia de los derechos humanos para todos aquellos sectores que, históricamente, llevan las de perder. Tenemos demasiadas víctimas —docentes, estudiantes y familias— como para seguir postergando un debate que no solo es difícil, sino URGENTE.
