La fiscalía de General Pico lleva adelante una investigación penal contra un odontólogo de aproximadamente 50 años, acusado de realizar facturaciones indebidas por atenciones inexistentes. La causa penal se inició a partir de la denuncia de una paciente que detectó irregularidades en los resúmenes de su cobertura médica. "Nosotros estamos investigando hechos delictivos que podría haber cometido esta persona en relación a facturaciones indebidas por atenciones inexistentes o falsas a una paciente entre el mes de diciembre de 2025 y abril de 2026", precisó el fiscal a cargo del caso, Matías Juan, en su paso por el aire de Radio 5.

El presunto fraude quedó al descubierto cuando la damnificada constató que la prestadora privada Prevención Salud le exigía el pago de copagos por tratamientos que nunca recibió. Según explicó el fiscal, "la paciente detecta que la obra social le estaba cobrando por atenciones que ella no había realizado; ella jura que solamente se atendió en noviembre de 2025". Al revisar la documentación facilitada por la entidad, la mujer confirmó sus sospechas: "Detecta que su firma y su aclaración de firma están falsificadas, reconoce que no han sido estampadas por ella. Por meses en que ella no fue, no pisó el consultorio, esa es la realidad", detalló el funcionario judicial.

Si bien la obra social le reintegró a la paciente alrededor de 30 mil pesos mediante una nota de crédito, el perjuicio económico principal recae sobre la propia empresa de medicina privada. El fiscal Matías Juan aclaró que "el perjuicio ya no existe de la paciente porque la obra social, en buena hora, ante la sospecha de falsificación, le ha devuelto todo el dinero. El tema es que ha engañado a la obra social haciendo creer que son atenciones que existieron. La obra social ha abonado y me ha hecho llegar constancia de transferencia por una suma por esos meses de alrededor de 511 mil pesos por ahora. Ahí radicaría el perjuicio económico a esta empresa".

En el marco de las actuaciones, la fiscalía ejecutó un allanamiento la semana pasada en el consultorio del imputado, donde se logró dar con documental de importancia. Asimismo, se programó la comparecencia del odontólogo junto a su abogado defensor para ejercer su derecho de defensa y realizar la correspondiente audiencia de formalización ante el juez. "Después de eso, seguramente nosotros ordenemos un informe con algún profesional perito calígrafo que pueda determinar de manera científica si hay falsificación o no, cotejando los documentos", anticipó el fiscal.

Respecto al encuadre legal de los hechos, que se investigan de oficio por tratarse de delitos de acción pública, las autoridades evalúan una figura que podría configurar un concurso ideal de tres delitos, donde la finalidad última es la estafa. Al ser consultado sobre una posible pena en caso de culpabilidad, el fiscal Matías Juan concluyó que "estamos hablando de la escala de la estafa que va de un mes a seis años de prisión, que es bastante amplia, pero sería muy apresurado avizorar algún tipo de pena porque el proceso recién inicia, e incluso él dispone de salidas alternativas porque no es un funcionario público".