En los tribunales locales se llevó a cabo la audiencia de formalización contra un odontólogo de nuestra ciudad. El profesional, asistido por el abogado Jeremías Altamirano, negó los cargos y explicó que las irregularidades denunciadas responden a la dinámica de facturación de las obras sociales.

La justicia avanzó esta mañana en la investigación contra un odontólogo local, tras la realización de dos audiencias consecutivas: primero la declaración de imputado y posteriormente la audiencia de formalización de la investigación. Al profesional se le atribuyen los delitos de falsificación de documentos privados, uso de documentos falsos y estafa en perjuicio de una obra social.

A continuación, los detalles de la causa explicados a través de la entrevista con su abogado defensor, Jeremías Altamirano:

—¿En qué consistió la audiencia que se desarrolló hoy en tribunales?

—Hoy se llevaron a cabo dos actos procesales: primero la declaración de imputado, donde mi defendido hizo uso de su derecho a declarar y negó rotundamente los hechos que se le imputan, y luego la formalización, donde la fiscalía puso en conocimiento del odontólogo los hechos que se van a investigar y la calificación jurídica del caso.

—¿De qué se lo acusa concretamente?

—La fiscalía sostiene que el profesional habría falsificado firmas y aclaraciones en distintas fichas médicas odontológicas presentadas ante una obra social (Prevención), lo que habría generado un perjuicio económico a la entidad de aproximadamente 608 mil pesos.

—¿Qué sostiene la defensa sobre las firmas y la facturación?

—Mi defendido niega haber cometido cualquier falsificación. En cuanto a la presentación de la documentación, es necesario explicar cómo funcionan las prestaciones. Por lo general, los planes tienen un límite de cobertura mensual. Si un paciente necesita múltiples arreglos, el odontólogo realiza todas las prácticas juntas para evitar que la salud del paciente empeore mientras espera la cobertura mes a mes. Posteriormente, va facturando esas prestaciones de manera mensual para ajustarse al plan del paciente.

—¿Entonces, descartan que haya existido una estafa?

—Técnicamente, no es una estafa. No hubo intención (dolo) de producir una afectación patrimonial. El perjuicio económico que alega la fiscalía no existe, porque las prestaciones fueron realizadas efectivamente; lo único que se hizo fue una gestión administrativa para cobrar por el trabajo ya ejecutado, adaptándose a las normas de las obras sociales.

—¿Cómo surge la denuncia inicial?

—La denuncia nace de una paciente a quien se le habría cobrado un "plus" de 30 mil pesos por la prestación. A raíz de eso, se obtuvo documentación de la sucursal local de la obra social y se procedió a la denuncia. Sin embargo, es importante aclarar que esta paciente no tuvo un perjuicio económico real, ya que la obra social finalmente le reintegró ese monto mediante una nota de débito.

—¿Cuál es la postura final de la defensa ante este proceso?

—Entendemos que las explicaciones brindadas son suficientes para dejar claro que no ha cometido un hecho delictivo. Estamos ante un profesional, un trabajador, y no ante un delincuente. Todo lo actuado por él tuvo como único fin cumplir con un trámite administrativo para recibir el pago por un servicio que, efectivamente, prestó a sus pacientes.