La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó un proyecto de resolución para convocar a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de La Pampa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, a la Comisión de Legislación Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que sus autoridades brinden información de manera presencial sobre el funcionamiento de las políticas y los programas provinciales de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa busca conocer, entre otros aspectos, la aplicación de las medidas excepcionales de protección, los dispositivos de cuidado alternativo, los procesos de revinculación familiar y el Programa de Familias de Contención, así como los criterios, protocolos y mecanismos empleados para evaluar las intervenciones y determinar su continuidad, modificación o finalización.
Entre los puntos incluidos, se solicita información sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentran bajo medidas excepcionales, cuántos fueron separados de sus familias de origen y qué criterios se aplican para determinar la continuidad, modificación o cese de esas disposiciones.
También se requiere precisar los protocolos y procedimientos implementados para el inicio, desarrollo, seguimiento, evaluación y finalización de las revinculaciones familiares, además de los mecanismos de revisión periódica y los tiempos promedio de duración.
Otro de los aspectos centrales apunta a determinar de qué manera se garantiza el contacto de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores, familiares directos y demás referentes afectivos, cuando ello resulte compatible con su interés superior. Asimismo, se solicita información sobre la conformación, integración y disponibilidad de los equipos interdisciplinarios que intervienen en estas situaciones.
Respecto del Programa de Familias de Contención, la iniciativa solicita información sobre su funcionamiento, los protocolos de actuación y los criterios utilizados para determinar el ingreso, la permanencia y el egreso de niñas y niños.
Además, se requiere que se informe el marco normativo que establece su creación, estructura orgánica y facultades de funcionamiento.
Cuadrado también plantea la necesidad de determinar de qué manera se evalúa, documenta y pondera el vínculo afectivo construido entre niñas, niños y las familias de contención durante el período de acogimiento, así como los criterios generales aplicados al momento del egreso.
El proyecto incorpora, además, interrogantes sobre los procedimientos utilizados para comunicar a las familias de origen y de contención aquellas decisiones administrativas que impliquen modificaciones sustanciales en la situación de la niña o el niño.
Fiel a su estilo, Gisela Cuadrado no busca solamente un informe por escrito: propone que las autoridades de Niñez concurran a la Legislatura, expliquen el funcionamiento del sistema y respondan las preguntas de los diputados y diputadas.
La iniciativa forma parte de una línea de trabajo que la legisladora desarrolla desde 2024, vinculada al seguimiento, la investigación y el control de las políticas públicas. Durante 2024 y 2025 ya había convocado a autoridades provinciales para requerir información y documentación en el marco de su tarea de fiscalización.
Ese trabajo de investigación también derivó en distintas denuncias ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) durante 2024 y 2025, vinculadas al otorgamiento de subsidios a fundaciones, a partir del análisis de la documentación obtenida.
En esta oportunidad, Cuadrado vuelve a plantear la necesidad de que las autoridades concurran a la Legislatura. El objetivo es saber de primera mano cómo funciona el Sistema Provincial de Protección Integral y cuáles son los criterios, protocolos, recursos humanos y herramientas institucionales con los que cuenta el Estado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“No buscamos intervenir en decisiones judiciales ni expedirnos sobre casos particulares. Queremos que el Estado explique cómo funciona el sistema, qué criterios utiliza y cómo evalúa sus intervenciones cuando está en juego el derecho de un niño a mantener sus vínculos familiares y afectivos”, sostuvo Cuadrado.
La legisladora remarcó que el pedido se realiza en el marco de las facultades propias del Poder Legislativo en materia de seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas provinciales, con el propósito de promover la transparencia institucional y procurar que el Sistema Provincial de Protección Integral funcione de conformidad con los principios y derechos establecidos por la normativa vigente.
“Cuando hablamos de niñez, el Estado tiene que poder explicar qué hace, cómo lo hace y con qué herramientas cuenta. El objetivo es fortalecer las políticas públicas y garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea realmente el criterio que guíe cada intervención”, concluyó.
