El Gobierno provincial exoneró de la administración pública a Carina Anabel Rekofsky, la trabajadora del Hospital Gobernador Centeno de General Pico que falsificó 30 certificados médicos y logró justificar de esa manera 178 días de ausencia durante 2025.

La medida fue adoptada mediante el Decreto 1698, firmado el 23 de septiembre y publicado ahora en el Boletín Oficial. De esta manera quedó cerrado el sumario administrativo iniciado el año pasado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), en paralelo con la causa penal que terminó con una condena contra la agente.

El decreto aprobó lo actuado en el expediente denominado "Presunta falsificación de certificados médicos - Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno - General Pico" y dispuso la exoneración de Rekofsky, quien pertenecía a la planta permanente, tenía categoría 11 y estaba encuadrada en la Rama Técnica de la Ley 3488.

El caso había salido a la luz en noviembre del año pasado y fue informado entonces por El Diario. La investigación se inició después de que un médico del Hospital Centeno advirtiera que se habían presentado certificados con su firma y sello que él no había confeccionado.

La pesquisa permitió establecer que entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025 la trabajadora presentó 30 certificados falsificados para justificar ausencias laborales. De acuerdo con la investigación judicial, imitaba la letra, firma y sello del profesional y consignaba diferentes diagnósticos, tratamientos y períodos de reposo.

Con ese mecanismo acumuló 178 días de ausencia y continuó percibiendo su salario. Entre las patologías consignadas en la documentación apócrifa aparecieron incluso diagnósticos de gravedad y tratamientos que nunca habían existido.

El médico cuya identidad había sido utilizada declaró durante la investigación que no había atendido a la mujer en las fechas indicadas y que tampoco había prescripto los reposos, tratamientos y medicamentos que figuraban en los certificados.

Condena e inhabilitación perpetua

La causa penal se resolvió en marzo pasado mediante un juicio abreviado. La jueza de control de General Pico Jimena Cardoso condenó a Rekofsky a dos años de prisión de ejecución condicional por falsificación de instrumento privado, uso de instrumento privado falsificado y fraude contra la administración pública.

Además, recibió la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos o empleos públicos en la Administración Pública de La Pampa.

Mientras avanzaba la investigación penal, también se había puesto en marcha el procedimiento administrativo. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas ordenó el sumario en 2025 y las actuaciones fueron unificadas con otro expediente iniciado por el Ministerio de Salud específicamente sobre la situación de la agente.

Ese trámite desembocó ahora en el Decreto 1698. El Ejecutivo aplicó los artículos 273 inciso e) y 278 inciso b) de la Ley 643 y resolvió su exoneración, una de las sanciones disciplinarias más graves previstas para los agentes estatales.

La decisión también ordenó la intervención de la Contaduría General de la Provincia para realizar las liquidaciones, retenciones o ajustes económicos que correspondan como consecuencia del sumario, y de la Dirección General de Presupuesto para eliminar el cargo que ocupaba la agente.