La investigación judicial por la brutal represión policial perpetrada este fin de semana frente a la Catedral de Santa Rosa y las gravísimas vejaciones consumadas en los calabozos de la Seccional Tercera escaló con la identificación formal del uniformado implicado y el avance de medidas probatorias que podrían derivar en la audiencia de formalización de cargos entre hoy y mañana.

De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio Público Fiscal, el efectivo que quedó en el centro de la escena es el cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel, integrante del cuerpo de motoristas de la Policía de La Pampa.

El policía ya prestó declaración y buscó blindar su conducta argumentando que actuó en respuesta a una supuesta agresión previa. Sin embargo, esa coartada colisiona de forma directa con los elementos incorporados al legajo: la víctima, Priscila Mora Grandon, relató que intervino y tomó al efectivo del casco únicamente para rogarle que retirara la rodilla con la que estaba aplastando la cabeza de su hermano, quien ya se encontraba reducido e indefenso sobre el pavimento de la plaza San Martín. Y luego el video viral.

Ante la magnitud del caso, que expone tanto el exceso en la vía pública como los abusos posteriores dentro de la comisaría -donde la joven fue obligada a desnudarse y se le negó asistencia médica pese a los golpes recibidos-, la fiscalía coordinada por Máximo Paulucci desplegó un operativo de recolección de pruebas para asegurar el avance del proceso penal.

En primer término, el MPF requirió formalmente a la Jefatura de la Unidad Regional I la totalidad de los legajos operativos, actas de procedimiento y la nómina completa del personal que intervino tanto en la aprehensión callejera como en la posterior recepción y custodia de los detenidos en la Seccional Tercera.

A esas pruebas se sumaron de manera oficial el registro fílmico aportado por la denunciante y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo (CECOM), material clave para reconstruir la secuencia de la agresión y desvirtuar los partes oficiales iniciales.

En paralelo, la estrategia judicial contempla la realización de medidas periciales ineludibles: tanto la joven agredida como su hermano fueron convocados para ser sometidos a un riguroso examen médico forense destinado a certificar las lesiones sufridas tanto en la vía pública como durante el paso por los calabozos policiales.

Con el cuadro probatorio consolidado y la identificación de los agentes involucrados, la fiscalía pidió la audiencia de formalización ante la Oficina Judicial para este miércoles a las 12:00 horas, un paso institucional ineludible que marcará el inicio formal de la causa penal contra los uniformados sospechados de vejaciones y abuso de autoridad.