
02 de septiembre, 2018
Durante su gestión como jefe de la Capital Federal se desarrolló un escándalo con la empresa Manliba, que comenzó a recolectar la basura porteña en 1979; las principales denuncias sobre irregularidades en los contratos aparecieron en 1989, con la llegada a la Municipalidad de Carlos Grosso, quien había sido empleado de Macri. El estudio de Argüello sostiene que, apenas llegó al poder, “el intendente consiguió que se prorrogara el contrato a pesar de los incumplimientos de la empresa en la renovación de la flota de camiones, al cambio del barrido mecánico por el barrido manual con el consecuente y desmesurado incremento de la factura, o lo más oneroso del servicio comparado con el prestado por la empresa Cliba”. Pero la recolección de la basura no fue el único servicio prestado por los Macri a la Municipalidad. Itron, empresa de Bulgheroni y de la que participaría muchos años después el Grupo Macri, logró alzarse con la contratación de la facturación de ABL y del impuesto automotor. “El contrato era de 10 millones de pesos anuales”, objeciones formuladas por la Auditoría de la Ciudad, entre las que se destaca “un bajo nivel de exigencia técnica, operativa y jurídica para los concesionarios, situación que no fue corregida en las sucesivas negociaciones y prórrogas pactadas”. Finalmente durante la administración de La Rúa fueron rescindidos esos contratos. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires gasta 30 millones de pesos menos. En aquella época, el grupo Macri, dueños de Manliba en asociación con una empresa norteamericana, que en virtud de los acuerdos para la recolección de residuos denunciados como irregulares en más de una oportunidad se convirtió en la principal contratista de la administración grossista. Recién para 1997, con Grosso fuera del poder, se renegoció el millonario contrato de residuos, dejó afuera a Manliba y ahorró 50 millones de pesos. Sin embargo, las privatizaciones y la falta de control en la relación público-privado, llevaron a que su gobierno quedara identificado con la corrupción.
Uno de los casos más importantes, que también involucró al concejal Jorge Castells, fue el de la concesión mediante licitación de la explotación del Campo Municipal de Golf y del Velódromo de Buenos Aires a la empresa Asesores Empresarios S.A., considerada una empresa fantasma cuyos socios estaban vinculados al Secretario General de la Presidencia Alberto Kohan.
Dada una situación de fuertes cuestionamientos, reclamos y denuncias por su manejo de la gestión municipal, Grosso se vio obligado a renunciar en octubre de1992. Se le iniciaron muchas denuncias y causas judiciales por supuestos abusos y desmanejos dentro de su accionar como funcionario público. Las causas acumuladas contra Grosso incluyeron cargos de asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito. Finalmente las causas judiciales fueron archivadas y desestimadas por falta de mérito, o bien recibieron sentencias absolutorias, sin embargo, esta serie de escándalos acabó con su carrera política.
Detenido
En el año 2002 fue detenido, por orden del juez de instrucción Eliseo Otero. Grosso fue alojado en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, junto al ex secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa y político radical, Enrique Mathov por la causa iniciada en 1992 por la concesión irregular del Complejo Golf-Velódromo.
Al promediar 1993, Grosso comienza a ser citado por distintos juzgados de instrucción, en los que debe explicar su sospechada actuación en algunas licitaciones de obras públicas en la ciudad como, entre otras, la llamada Escuela Shopping, en la zona de Once, y la construcción de un complejo en las instalaciones del velódromo y el golf. En octubre de 1992, se tuvo que ir luego de una interpelación en el Concejo Deliberante, una semana después de haber sorteado sin aparentes dificultades un larga interpelación en el Concejo Deliberante porteño, Carlos Grosso presentan su renuncia indeclinable al cargo En el recinto del Concejo Deliberante, Grosso reconoció un déficit municipal de 186 millones de dólares. La cifra minimizó los 260 que la Intendencia había admitido oficialmente tiempo antes de la sesión. Tras la caída de Grosso, la Municipalidad manejó cifras que elevaron mágicamente el déficit a 360 millones de dólares llegando a denunciarse incluso un déficit de 700 millones.