Una multitudinaria manifestación volvió a ganar las calles de todo el país este martes en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. El epicentro de la jornada fue la Plaza de Mayo, donde estudiantes, docentes, nodocentes y referentes de la oposición confluyeron bajo la consigna: "203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia".
El principal foco del reclamo es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) por parte de la administración del presidente Javier Milei, así como el desacato gubernamental a dos fallos judiciales que ordenaban la recomposición de partidas y salarios.
Números críticos en las aulas
El documento final firmado por los gremios educativos (CONADU, FEDUN, CTERA, entre otros) expuso cifras alarmantes sobre el impacto de la política económica en el sector:
Asfixia presupuestaria: Las transferencias reales a las universidades nacionales sufrieron una caída acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Los fondos para gastos de funcionamiento apenas alcanzaron el 64% de su valor real en comparación con enero de 2023.
Deterioro salarial: Con una inflación acumulada del 293,3% frente a un aumento salarial del 147,3% para el sector en lo que va de la gestión, los trabajadores universitarios registran una pérdida del poder adquisitivo del 37,13% (el equivalente a casi 11 sueldos perdidos). Denunciaron que los salarios de la educación superior son hoy los más bajos de América Latina.
Impacto estudiantil: Advirtieron sobre el congelamiento de las Becas Progresar y el desfinanciamiento de las Manuel Belgrano y de las becas de vocación científica (EVC), lo que fomenta la deserción de los sectores populares.
Alerta por el orden institucional
Más allá de las demandas económicas, la proclama universitaria alertó sobre un quiebre en las reglas democráticas: "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", leyeron los estudiantes desde el escenario principal.
La movilización contó con el respaldo explícito de gobernadores, legisladores e intendentes opositores, quienes criticaron el fuerte recorte en educación y ciencia.
Hacia el cierre, el documento interpeló directamente a la Corte Suprema de Justicia, tribunal que debe resolver el recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo para frenar la normativa. Exigieron al máximo tribunal que "escuche el clamor de las plazas" y no permita la expulsión de científicos, docentes y estudiantes de un sistema que históricamente garantizó la movilidad social ascendente en el país.
