Ante la interrupción total de las prestaciones de la obra social que nuclea al personal del Servicio Penitenciario Federal, el Gobierno de la provincia de La Pampa intervino garantizando el derecho constitucional a la salud de las y los trabajadores, así como el de sus familias. En paralelo, y ante la falta de respuestas del Estado Nacional, la Provincia intimó a la Obra Social en cuestión por una deuda prestacional acumulada de $159.958.633, cuyo último registro de pago data de diciembre de 2025.
El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, cuestionó el abandono por parte del Gobierno Nacional, de quien depende en última instancia la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal y respaldó la decisión de la provincia de intervenir.
“Nuestra prioridad absoluta, como marca el gobernador Sergio Ziliotto, es la salud de las y los pampeanos. Estamos trabajando con la Diputada provincial Patricia George quien también se sensibilizó con esta situación. Ante el corte de la obra social y el desamparo por parte de las autoridades nacionales, una decisión que dejó totalmente desprotegidos a los trabajadores del Servicio Penitenciario y de otras fuerzas federales, la provincia intervino oportunamente para garantizarles la atención. Es una situación que también pasa con la Ex IOSFA, que se encuentra dividida hoy en dos nuevas obras sociales y con Policía Federal, las cuales hoy tienen interrumpida la cobertura en el subsector privado”.
En relación con la deuda acumulada por la obra social que agrupa al personal del Servicio Penitenciario, Vera detalló las medidas legales tomadas: “Ya enviamos una carta documento a la obra social intimando el pago de la suma adeudada. Se les otorgó un plazo perentorio de 10 días para que abonen a la Dirección General de Prestaciones el monto adeudado, más los intereses correspondientes hasta el pago íntegro, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Esta deuda corresponde a prestaciones médicas ya efectuadas por el Ministerio de Salud de La Pampa a los beneficiarios de esa obra social, quienes están debidamente registrados en las facturas correspondientes”.
En el mismo sentido el funcionario advirtió que este abandono de las obras sociales nacionales no solo sobrecarga a los hospitales públicos, sino que golpea al subsector privado de la salud en La Pampa. En ese sentido, señaló “ante la falta de pago de las prestaciones y el corte de la cobertura, clínicas, sanatorios y profesionales se ven gravemente perjudicados en sus circuitos económicos, lo que pone en riesgo el empleo local, los salarios y la compra de insumos médicos”.
Incluir Salud
Otro gran desfinanciamiento tiene como ejemplo al Programa Incluir Salud, que vno es una Obra Social, es un programa dependiente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, destinado a garantizar prestaciones de salud a las personas afiliadas que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). Respecto a este Programa Vera señaló, “en La Pampa, el programa alcanza a 6.472 afiliados y mantiene una deuda con el Ministerio de Salud provincial de $42.156.077,80”.
“A ello se suma que, solo en marzo de 2026, la provincia debió destinar más de $320 millones para cubrir las prestaciones de estos beneficiarios, mientras que por parte del programa ingresaron apenas $8 millones. La provincia garantizó prestaciones, 40 veces más de lo que pagó Nación. La suma de estas acciones no solo refleja demoras en los pagos, sino también un financiamiento claramente insuficiente para las coberturas que necesitan los usuarios”, completó el subsecretario.
Doble Discurso
Vera apuntó contra las "incongruencias" del Gobierno nacional y denunció el impacto del doble discurso: “El gobierno nacional dice que fomenta la actividad privada, pero, al cortar los servicios de estas obras sociales, las cuales en última instancia depende de ellos, asfixian a las clínicas y sanatorios locales. Al mismo tiempo, perjudican las arcas provinciales porque la Provincia es quien se hace cargo de lo que le corresponde a Nación”.
“Hablan de liberalismo, pero en la práctica esto es simplemente desfinanciamiento y desentendimiento. Nosotros no creemos en posturas extremas, sino en un Estado eficiente que trabaje codo a codo con el subsector privado para garantizar la atención de los pacientes. Vamos a seguir garantizando el servicio, pero exigiendo que Nación pague lo que le debe a la provincia y a las empresas de salud locales, a las que siempre vamos a cuidar”, concluyó.
