Las clínicas y sanatorios privados de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut retomarán desde este miércoles las restricciones en la atención a afiliados del PAMI y dejarán de brindar servicios de guardia, en el marco del conflicto que mantienen con la obra social nacional por el retraso en la actualización de aranceles y la falta de respuesta a sus reclamos.

La decisión fue comunicada por las entidades que nuclean a los prestadores privados de la Patagonia Norte, que sostienen que los valores que perciben por las prestaciones registran un atraso cercano al 75% respecto de la evolución de la inflación acumulada en los últimos dos años y medio.

En un comunicado difundido este martes, las clínicas señalaron que la situación económica se ha vuelto "insostenible" y advirtieron que existen prácticas quirúrgicas que ya no pueden realizarse bajo las condiciones actuales de financiamiento. Entre ellas mencionaron neurocirugías, intervenciones urológicas y procedimientos endoscópicos, debido a que los materiales necesarios no son provistos por el PAMI y sus costos no pueden ser absorbidos por los prestadores.

Según indicaron, unas 300 mil personas afiliadas a la obra social nacional reciben atención a través de los establecimientos privados alcanzados por la medida en las cuatro provincias patagónicas.

Las entidades recordaron que el conflicto no es nuevo. En abril habían suspendido las cirugías programadas no urgentes y posteriormente avanzaron con otras limitaciones en las prestaciones, a la espera de una propuesta de recomposición de aranceles que consideraran suficiente.

De acuerdo con el sector, durante una reunión mantenida semanas atrás con el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, se les comunicó la posibilidad de aplicar incrementos inferiores al 4% en los próximos meses, además de ajustes puntuales en algunos estudios por imágenes y prácticas de baja incidencia.

Sin embargo, los prestadores consideraron que esa propuesta resulta insuficiente frente al deterioro de los valores vigentes. "No resulta un principio de solución", señalaron en el documento, donde también afirmaron haber presentado alternativas de actualización parcial sin obtener avances concretos.

Las clínicas sostienen que desde diciembre de 2023 los aranceles aumentaron alrededor de un 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó ampliamente el 300%, lo que explicaría, según sus cálculos, el desfasaje actual.

El conflicto entre los prestadores privados y el PAMI se produce en un contexto de creciente tensión en el sistema de salud, con reclamos por los costos de insumos, medicamentos, equipamiento y salarios, factores que, según las entidades empresarias, comprometen la continuidad de algunas prestaciones para los jubilados y pensionados de la región.