El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, brindó detalles sobre las gestiones realizadas en Buenos Aires. Mientras se trabaja para destrabar fondos nacionales para el acueducto, la provincia diseña una estrategia público-privada para finalizar las 636 viviendas del plan Procrear abandonadas por Nación.
En una reciente visita a Buenos Aires, el ministro de Obras Públicas de La Pampa, Alfredo Intronati, mantuvo una serie de reuniones estratégicas con el objetivo de reactivar el motor de la obra pública en la provincia. Durante su paso por los micrófonos de Radio 5, el funcionario destacó que el camino elegido es el diálogo constante, pero con una postura firme de reclamo por las obras pendientes que son vitales para el desarrollo local, especialmente para General Pico.
Uno de los puntos centrales de la agenda fue la reactivación del acueducto. Intronati confirmó un paso fundamental: tras reunirse con las empresas que integran la Unión Transitoria (UT) a cargo de la obra, ratificó que existe un consenso absoluto entre las constructoras para continuar con los trabajos.
"Las empresas están de acuerdo en reactivar la obra. Eso es muy importante porque necesitamos su voluntad", afirmó el ministro. Según el funcionario, el escenario financiero permitiría avanzar bajo un esquema de trabajo "ralentizado" pero constante. Ahora, la pelota está en la cancha del Estado Nacional, quien posee los fondos hídricos necesarios para garantizar la continuidad. "Estamos esperando la decisión final del gobierno nacional", subrayó.
Respecto a las viviendas del programa Procrear, la situación es distinta. Al no haber financiamiento nacional, el gobernador de la provincia, Sergio Ziiotto, encabeza las negociaciones para que el Estado Nacional realice el traspaso de las tierras y las mejoras ya construidas a dominio provincial.
El desafío es mayúsculo. No solo se trata de una cuestión edilicia, sino de un complejo equilibrio económico: el ministro advirtió que "construir una vivienda de Procrear significa resignar dos viviendas sociales". Por lo tanto, el plan provincial busca un modelo mixto que involucre aportes provinciales, inversión privada y participación de bancos, mediante herramientas como el ahorro previo, para no desatender los planes habitacionales sociales de la provincia.
—¿En qué estado se encuentra la reactivación del acueducto para General Pico?
—Hay una voluntad unánime de las empresas constructoras de continuar. El Estado Nacional tiene los fondos (fondos hídricos), por lo que estamos negociando la posibilidad de acomodar el flujo financiero para reactivar la obra, aunque sea bajo un ritmo más lento, pero constante.
—¿Cómo sería la operatoria del Procrear si pasa a manos de la provincia?
—Al no recibir fondos de Nación, estamos diseñando un esquema público-privado. La idea es involucrar a empresas constructoras y bancos para armar un frente económico que permita terminar las casas. Estamos evaluando esquemas de ahorro previo y cuotas que sean accesibles, considerando que el adjudicatario probablemente ya esté pagando un alquiler.
—¿Cuál es el número total de viviendas involucradas y cómo se distribuyen?
—En total son 636 viviendas paralizadas. La distribución es la siguiente:
Toay: 270 viviendas.
General Pico: 190 viviendas.
Santa Rosa: 160 viviendas.
—Si la provincia toma posesión de las obras, ¿se respetarán los listados de adjudicatarios originales?
—No. Si la provincia asume la responsabilidad y cambia el sistema de financiamiento, el método de entrega cambia totalmente. Habría que comenzar un proceso nuevo, ya que las condiciones contractuales originales quedan sin efecto bajo este nuevo esquema de gestión provincial.
—¿Cómo equilibran esta necesidad con la construcción de viviendas sociales?
Esa es la parte más compleja. Debemos realizar un ejercicio económico muy preciso para garantizar la finalización del Procrear sin que eso signifique dejar de lado los planes sociales. No podemos resignar la política de vivienda social, por lo que buscamos un equilibrio que permita la coexistencia de ambos modelos.
