El abogado Sergio Nicoletti, tras 17 años de ejercicio profesional, decidió liderar un reclamo que ya agrupa a decenas de familias en La Pampa. Señalan "falta de resoluciones firmadas, la ausencia de seguimiento y la desesperación por conocer el paradero de los menores" como eje de una problemática que, según el letrado, es mucho más profunda de lo que se percibe.

"Yo soy abogado matriculado hace 17 años y siempre me limité a mi trabajo técnico. Pero empecé con tres o cuatro casos en el estudio y, al vincularme con una fundación nacional de Córdoba, me di cuenta de que la realidad es otra: estamos hablando de más de 30 casos directos que pude relevar en una semana. La provincia está inundada de esta situación. No podía quedarme mirando cómo familias enteras quedan desmembradas en un laberinto burocrático", explicó.

—Usted hace una distinción clara: no cuestiona la intervención inicial del Estado para proteger a un menor de la violencia o el abandono. ¿Dónde reside el conflicto entonces?

—El Estado es implacable y, en una primera instancia, sensato al sacar a los niños de entornos peligrosos. El problema no es ese, el problema es qué pasa después. Cuando los padres inician un camino de rehabilitación, consiguen trabajo, se ordenan, buscan ayuda en instituciones o iglesias para recuperar a sus hijos, el sistema se cierra. No hay una respuesta de revinculación. Es una cadena que se corta y deja a los padres en el desamparo total.

—Uno de los puntos más graves que usted menciona es la ausencia de documentación formal. ¿A qué se refiere cuando dice que no hay "resoluciones firmadas"?

—Es lo más preocupante. Tenemos padres que llevan meses o años sin ver a sus hijos y, cuando van a pedir explicaciones, no hay un funcionario que les entregue una resolución por escrito. No hay nada firmado. Si te quitan a tu hijo, tienen que notificarte formalmente para que un abogado pueda defenderte. Al no haber papel, no hay dónde reclamar ni a quién responsabilizar. Es una situación que, por la falta de transparencia, recuerda a los métodos de la época de la dictadura: te sacan a tus hijos y no te dicen dónde están ni cómo están.

—¿Qué rol juegan los gabinetes interdisciplinarios en estas irregularidades?

—Tienen una responsabilidad civil y penal inmensa. He atendido casos donde los padres denuncian que sus hijos están medicados, tienen problemas psiquiátricos o, peor aún, han sufrido abusos en los nuevos hogares de tránsito. El gabinete interdisciplinario es el que toma la decisión de separar al niño, pero cuando el sistema falla en el lugar de destino, nadie rinde cuentas. Son implacables con los padres, pero no se les exige la misma responsabilidad a ellos.

—Usted ha mencionado que evalúa presentar un habeas corpus colectivo. ¿Es una medida extrema o necesaria?

—Es necesaria. El habeas corpus es el recurso para preguntar "¿dónde está?". Cuando vas a la mesa de entrada y te atienden con indiferencia, enviándote a buscar un abogado particular sin darte información sobre el paradero de un niño, no queda otra alternativa. Estamos hablando de 7 u 8 casos gravísimos que no pueden esperar los tiempos normales de la justicia.

—¿Es una cuestión de falta de presupuesto o de personal?

—Yo creo que no faltan recursos ni gente capacitada. Lo que han hecho es descentralizar el sistema de una manera que resulta una locura. Resolver una medida tan sensible como la adoptabilidad de un menor requiere una estructura centralizada. Hoy, por la descentralización, decisiones que marcan la vida de una familia se toman en localidades pequeñas, a veces sin el seguimiento ni la mirada técnica necesaria. Es una falla administrativa profunda, no de falta de recursos.

—¿Qué es lo que estas familias esperan finalmente del sistema?

—No buscamos la cabeza de nadie, ni estamos en contra del Estado. Buscamos que el sistema funcione. Que haya un seguimiento real, que se evalúe cada 2 o 3 meses si los padres han mejorado sus condiciones de vida y, sobre todo, que se priorice el vínculo familiar por sobre la adopción automática. Queremos transparencia, resoluciones escritas y que se deje de tratar a los padres como simples piezas de un expediente, mientras los niños sufren en silencio sin entender por qué no pueden volver a casa.