El empresario Rodrigo Peres Vieyra se presentó en la Fiscalía de General Pico tras alcanzar un acuerdo reparatorio con la firma perjudicada. Tras formalizar el pago y la conciliación, recuperó de inmediato la libertad y se cerró la causa penal.
Un resonante caso judicial que involucró una maniobra millonaria en el sector agropecuario concluyó este martes con un cierre definitivo en los tribunales de General Pico. El empresario Rodrigo Peres Vieyra, de 39 años y con domicilio en Puerto Madero, se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía tras haber permanecido dos meses prófugo de la justicia, con orden de captura nacional e internacional. Luego de formalizar un acuerdo económico con la firma damnificada, abonó la suma convenida, fue sobreseído y recuperó la libertad.
El conflicto penal tuvo su origen a mediados de abril de 2026, cuando el apoderado de la empresa de agroquímicos Agrosyn América SA, Hernán Linares, impulsó una denuncia penal con el patrocinio del abogado Jorge Salamone. La presentación acusaba a Peres Vieyra, titular de la firma La Olivia Agropecuaria SRL, por una estafa calculada en 275 mil dólares mediante el suministro de cheques de pago diferido rechazados por falta de fondos. Dichos cartulares pertenecían a la firma Leterago SA, entidad que se encontraba en una conocida situación de cesación de pagos al momento de las transacciones.
Ante la gravedad del perjuicio y la imposibilidad de ubicar al imputado —pese a diligencias policiales que incluyeron un allanamiento a la sede empresarial y la búsqueda en su residencia particular—, el 6 de mayo de 2026 el Juez de la causa, Alejandro Gilardenghi, ordenó la captura nacional e internacional de Peres Vieyra a solicitud del Fiscal Adjunto Matías Juan.
Sin embargo, la vía del diálogo judicial permitió destrabar el expediente. Gracias a extensas negociaciones entre el letrado querellante, Jorge Salamone, y el abogado defensor, Hernán Danzi, se logró alcanzar un acuerdo reparatorio integral suscrito el pasado 20 de julio. En virtud del pacto, la querella aceptó el pago de 236 mil dólares en concepto de reparación del daño patrimonial, otorgando el pleno consentimiento para la conciliación penal.
Con dicho entendimiento homologado, este 21 de julio el empresario se presentó ante la Fiscalía local. Si bien en una primera instancia se ejecutó la orden de detención pendiente, de manera inmediata se celebró la audiencia de formalización y conciliación ante el Juez de Control en feria, Heber Pregno. A requerimiento de la fiscalía y con el aval expreso de la querella, el magistrado formalizó al imputado, dio por homologado el acuerdo reparatorio, dictó el sobreseimiento definitivo de Peres Vieyra, dejó sin efecto la orden de captura internacional y dispuso su inmediata libertad. Al no poseer antecedentes penales previo al hecho, el proceso penal quedó completamente finiquitado de forma exitosa para ambas partes en tan solo tres meses.