Tras el paso del ministro de desarrollo social, Diego Alvarez,y del director general de Promoción de Derechos Humanos de la provincia, Alejandro Osio, con sus respectivos funcionarios, el Plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Hacienda y Presupuesto emitió dictamen favorable por la mayoría, mientras que la minoría optó por fijar posición en el recinto durante su tratamiento, al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican artículos de las Leyes N° 3.353, N° 2.574 Y N° 2.831 para la adecuación a la Ley Nacional y su implementación a la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a los adolescentes desde los catorce (14) hasta los dieciocho (18) años de edad a los principios, garantías y derechos consagrados en dicha norma.
Frente a los legisladores en plenario, el ministro Álvarez, señaló que “estamos ante un punto de inflexión que tiene que ver con la nueva Ley de baja de la edad de imputabilidad. Más allá de que no compartamos su contenido, las leyes, una vez sancionadas, están para cumplirse”, dijo. Y añadió: “En ese sentido, venimos trabajando desde hace casi cuatro meses para preparar la aplicación de esta Ley en la provincia”.
A continuación, Osio, expuso sobre este nuevo escenario penal y los alcances del proceso de adecuación de la normativa provincial a la nueva Ley Nacional 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
“Esta norma tiene una complejidad que regula una interacción entre cuestiones de fondo y de forma, es decir, competencias que son exclusivas de la Nación, competencias que son exclusivas de las provincias y algunas facultades que son concurrentes”, señaló.
En ese marco, indicó que la adecuación provincial contempla modificaciones a tres normas: “la Ley 3353, correspondiente al Régimen Penal Juvenil; la Ley 2574, Orgánica del Poder Judicial; y la Ley 2831, que creó el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje y Supervisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal”.
“Si bien en algunas cuestiones no se acuerda con la norma de fondo, sí hay que respetar las facultades que son propias de la Nación y de la provincia”, sostuvo Osio.
El abogado explicó que la Nación tiene atribuciones vinculadas con la aplicación de la ley penal en el tiempo y respecto de las personas, entre ellas la edad mínima de responsabilidad penal, que “ha bajado a 14 años”.
“Esto en relación a la aplicación de la ley penal respecto de los conflictos y de las personas genera una complejidad que sin duda va a repercutir en el sistema provincial”, afirmó. En ese sentido, advirtió que se producirá una ampliación de la población alcanzada por el Régimen Penal Juvenil “por partida doble”.
“En primer lugar porque baja la edad mínima de responsabilidad penal, por lo tanto incorpora adolescentes de 14 y 15 años que hasta el sábado pasado eran no punibles”, explicó. Y agregó que también se amplía el universo de delitos alcanzados, al eliminarse determinadas restricciones previstas por la legislación anterior.
“Por lo tanto era necesario y es urgente adecuar el sistema normativo para dar acogida a esta nueva población destino”, remarcó.
Respecto de las facultades que permanecen bajo órbita provincial, Osio explicó que incluyen “todas las reglas de aplicación de la norma de fondo en términos procesales”, además de la definición de quiénes cumplirán determinadas funciones, las facultades de supervisión y asesoría jurídica, la competencia de los juzgados y la organización de los organismos y dispositivos que intervienen en el sistema.
“Lo que se buscó, en concordancia con quienes ejercen esas funciones, es especialidad y cercanía”, afirmó al referirse a la asignación de competencias a juzgados específicos.
La propuesta también contempla la creación de cinco cargos de fiscales adjuntos y cinco de defensores para trabajar específicamente en el Régimen Penal Juvenil. “De esa manera se vaya atendiendo progresivamente a la creación o a la materialización de un fuero específico y exclusivo con el régimen penal juvenil”, explicó.
Osio destacó que la adecuación fue trabajada junto a los organismos que tendrán a su cargo la implementación. “Se han consensuado y consolidado las disposiciones con todos los efectores, tanto del ámbito judicial como no judicial del régimen penal juvenil”, indicó.
También remarcó que la nueva normativa establece objetivos que exceden lo estrictamente punitivo. “La finalidad del régimen penal juvenil no es punitiva, sino que es una finalidad restaurativa y de reinserción social de las personas imputadas por delitos durante la adolescencia”, sostuvo.
En esa línea, explicó que se considera incompatible con esos principios el juicio abreviado y que también se incorporaron restricciones respecto de los procedimientos de flagrancia y de conversión de la acción en privada. Además, señaló que “se ampliaron las posibilidades de aplicación de criterios de oportunidad dentro del sistema penal juvenil”.
Por su parte, Alejandro Osio, explicó cuáles son las modificaciones puntuales. Esta norma tiene una particularidad que tiene que ver con competencias que son exclusivas de nación y otras de provincias. En este caso se codifican tres normas provinciales. Se incorporan adolescentes que hasta el sábado pasado eran no punibles. La principales reformas tienen que ver con darle acogida a la nueva población. Cesura de juicio. Cumplen 18 años de edad para ser condenadas.
En la ronda de preguntas, María Laura Trapaglia consultó sobre las capacitaciones previstas para la implementación de la nueva normativa nacional y la adecuación del sistema provincial.
Al respecto, Osio explicó que “hemos desarrollado un curso de capacitación entre el Ejecutivo, Judicial y UNLPam”. En ese sentido, señaló que la propuesta busca incorporar la experiencia de los distintos actores que intervienen en el sistema penal juvenil y detectar las principales dificultades que puedan surgir durante su aplicación.
“En esta oportunidad vamos a capacitar en formulario donde inspectores judiciales nos indiquen las problemáticas en el campo penal juvenil”, explicó.
Asimismo, Osio destacó que como parte de este proceso “se creó una diplomatura en especialidad para el Régimen Penal Juvenil”, orientada a profundizar la formación específica de quienes tendrán intervención en la aplicación del nuevo sistema.
Patricia George consultó a Alejandro Osio sobre el alcance que podría tener en La Pampa un fallo dictado en la provincia de Buenos Aires contra la aplicación de la nueva Ley Nacional de baja de la edad de imputabilidad.
“Hubo un fallo ayer de una jueza Pascual donde puso una suspensión o un freno preventivo a la ley nacional. ¿Aplicaría en nuestra provincia, que nosotros, a partir de que sancionamos la ley, comenzaría a regir en nuestra provincia, más allá de esa suspensión a nivel nacional?”, preguntó la legisladora.
En respuesta, Osio aclaró que se trata de una decisión judicial de alcance limitado. “El fallo es de la doctora Marta Pascual, que es titular de un juzgado penal adolescente en lo específico, con una circunscripción determinada y, por lo tanto, su fallo en una causa en concreto rige sólo para su circunscripción judicial”, explicó.
Asimismo, señaló que las partes que no estén de acuerdo con la medida podrían recurrirla. “Entiendo que el Ministerio Público Fiscal podrá incluso recurrir esa medida, pero por el momento tiene efectos concretos y eventualmente uno presupone que la misma jueza va a resolver de la misma manera cada caso que se le presente”, indicó.
A su vez, destacó la importancia de que la provincia avance con su propia adecuación procesal para “evitar” situaciones similares en otras jurisdicciones.
Fraccionamiento de predios rurales con dictámen
Más adelante, se conformó un Plenario con las Comisiones de Asuntos Agrarios, Hacienda y Presupuesto y Legislación General y se emitió dictamen favorable por mayoría, mientras que la minoría fijará posición en Cámara, al proyecto por el que se modifica artículo de la Ley Nº 468 - Fraccionamiento de predios rurales.
Salud Inteligente
La primera actividad de la mañana fue la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Daniel Lovera, que emitió dictamen por mayoría, mientras que la minoría decidió fijar posición en el recinto, al proyecto de Ley por el que se crea el Programa de Sistema de Salud Inteligente.
