El caso que involucra una investigación por presunto abigeato y la operatoria de faena sin las habilitaciones correspondientes en la zona de Metileo sumó un capítulo clave con la realización de la audiencia de indagatoria y formalización. En diálogo con Radio 5, el abogado defensor Martín Herrero Galvagno detalló los alcances de la acusación que afronta su asistido, Manuel Mostaza, y remarcó que la intención de la defensa es demostrar que existía un proceso en marcha para encuadrar la actividad dentro de los marcos normativos exigidos por las autoridades sanitarias y de fiscalización.
Durante la audiencia, la fiscalía expuso ante el juez los hechos que formarán parte de la investigación penal. "Ayer tuvimos la audiencia de indagatoria de Manuel Mostaza y después la de formalización, donde el fiscal le manifestó, en presencia del juez, cuál era el hecho por el cual se lo iba a investigar. Nosotros estamos preparando toda la prueba para presentarla; ayer dejamos en claro la cuestión de la habilitación de la carnicería, como así también la del camión en el cual repartía", señaló Herrero Galvagno respecto a los primeros pasos de la estrategia legal.
El letrado no ocultó la complejidad del escenario judicial que enfrenta el imputado debido a la escala penal que prevé la figura legal en cuestión. "El delito por el cual se lo imputa es grave, tiene tres años de mínima, con lo cual es una causa compleja. Sin embargo, estamos hablando de una persona muy trabajadora en la localidad de Metileo, a quien todos conocen y que daba trabajo en el pueblo a varias personas. El propio intendente, además de ser cliente de la carnicería como todo el pueblo, era quien le había conseguido el galpón para que realicen los trámites para comenzar a faenar ante SENASA", argumentó el profesional.
En ese sentido, la defensa busca marcar una diferencia entre la comisión deliberada de un delito y las dificultades burocráticas que conlleva la habilitación de instalaciones destinadas al rubro cárnico. "Mostaza había alquilado un frigorífico en Colonia Santa María que estaba en trámite de terminarse de habilitar. Había algunas cuestiones pendientes porque no son fáciles de resolver todos estos requisitos que pide SENASA. No estamos ante alguien que no hacía nada, sino ante alguien que estaba tratando de regularizar todo ante los organismos pertinentes, y si efectivamente hubo alguna cuestión fuera de lo que exigen las normas, la intención era y sigue siendo regularizarla", sostuvo el abogado.
Finalmente, Herrero Galvagno cuestionó la aplicación de una escala penal tan rigurosa para este tipo de situaciones productivas y comerciales. "Es una situación muy compleja porque es un delito muy penado, pero entiendo que el legislador pensó esa norma para otro tipo de circunstancias y no para el caso de una persona que estaba realizando todas las gestiones y a la que le puede haber faltado algún tipo de documentación. Entendemos que se va a resolver este caso en los mejores términos", concluyó.
