El Gobierno provincial acudió a la Justicia para exigir la suspensión inmediata de la medida que le otorgó el 100% de los fondos a Mendoza. La demanda argumenta que Milei violó un acuerdo homologado por la Corte Suprema en 1992.

La Provincia de La Pampa formalizó en las últimas horas una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para frenar los efectos del Decreto 982/2026 firmado por el presidente Javier Milei. La presentación judicial, dispuesta por el gobernador Sergio Ziliotto, busca suspender de manera inmediata los artículos 3° y 4° de la normativa que eliminó el histórico reparto de las regalías del complejo hidroeléctrico "Los Nihuiles" y le asignó la totalidad de los recursos a Mendoza.

La acción de la Fiscalía de Estado solicita que se mantenga provisoriamente la distribución vigente desde hace más de cinco décadas hasta tanto la Justicia resuelva el conflicto de fondo.

En el escrito se enfatiza que la percepción de estos fondos por parte de La Pampa no depende únicamente del Decreto 1560/73 derogado por la Casa Rosada, sino también de un convenio interprovincial firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, el cual fue homologado en su momento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el Ejecutivo pampeano remarcaron que, al tratarse de un acuerdo tripartito de concertación, ninguna de las partes puede modificarlo unilateralmente, ya que Nación actuó en ese pacto como un par institucional y no como una autoridad jerárquica superior.

La presentación tilda la decisión presidencial como un "avasallamiento a las autonomías provinciales" que vulnera la seguridad jurídica, la buena fe y causa un severo perjuicio patrimonial a las arcas pampeanas.

Manotazo de ahogado

El planteo judicial expone además una llamativa contradicción del Gobierno nacional. La validez del régimen de 1973 ya se encuentra bajo estudio de la Corte Suprema en el marco de una demanda iniciada por Mendoza. En ese mismo expediente, fue el propio Estado Nacional quien pidió citar a La Pampa por considerarla parte interesada, solicitud que el máximo tribunal del país admitió el pasado 27 de agosto.

Sin embargo, apenas 14 días después de esa resolución judicial, el presidente Milei dictó el Decreto 982/2026 alterando unilateralmente el esquema en litigio.

Con esta medida cautelar, La Pampa pretende evitar que el nuevo esquema quede consolidado ante las futuras concesiones del sistema hidroeléctrico, resguardando los derechos patrimoniales y las reglas del federalismo mientras la Corte Suprema dicta un fallo definitivo.