En virtud de las consultas formuladas por la Cámara de Diputados de La Pampa respecto de un caso de adopción, el Poder Ejecutivo Provincial envió las respuestas solicitadas, con estricto apego al marco legal vigente y teniendo como principios rectores la institucionalidad el interés superior del niño y el deber de reserva que protege la intimidad de la familia adoptante.  

La información remitida fue elaborada de acuerdo con las competencias propias del Poder Ejecutivo y en observancia de los tratados internacionales vigentes, la Constitución Nacional, la legislación nacional y provincial aplicable, y las normas que regulan el funcionamiento de la Cámara de Diputados de La Pampa.

En este sentido, el Poder Ejecutivo ratifica que el ejercicio de las facultades de control político y requerimiento de información de la Legislatura debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, especialmente cuando se encuentran involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes y datos relativos a la identidad, intimidad y vida familiar de personas protegidas por normas de jerarquía constitucional.
En relación con el alcance del requerimiento legislativo, corresponde que se precisen e individualicen las actuaciones estrictamente administrativas y las piezas concretas cuya consulta resulte necesaria, indicando expresamente su relación con cada uno de los puntos.

Esta precisión resulta indispensable para delimitar adecuadamente el objeto del requerimiento, evitar pedidos genéricos o indeterminados y garantizar que el ejercicio de las facultades legislativas se mantenga dentro de las competencias que le asigna el ordenamiento jurídico.

Asimismo, se le solicita a la Cámara de Diputados que se abstenga de requerir al Poder Ejecutivo declaraciones o documentación cuyo contenido importe revisar el mérito, acierto o conveniencia de decisiones judiciales o interferir con órganos dotados de competencia específica.

En particular, toda información de naturaleza judicial deberá, en su caso, ser requerida ante el Poder Judicial, que es el órgano competente para resolver sobre su acceso y alcance, dentro de los límites establecidos por el artículo 5° de la Resolución correspondiente.

El Poder Ejecutivo Provincial reafirma así su disposición a brindar toda la información que legalmente corresponda y se encuentre dentro del ámbito de sus competencias, garantizando simultáneamente el cumplimiento de las obligaciones institucionales y la protección de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias.

La respuesta institucional se formalizó mediante nota del gobernador, Sergio Ziliotto, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, con la remisión anexa del informe redactado por los ministros de Desarrollo Social  y DDHH; de Seguridad y Justicia y de Salud.