El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, junto a sus federaciones provinciales asociadas, formalizó un reclamo ante el Ministerio de Economía de la Nación para exigir la urgente ejecución y transferencia del saldo pendiente del remanente correspondiente al ejercicio 2025 destinado al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).
La presentación oficial, ingresada formalmente con fecha 16 de octubre de 2026, ratifica el reclamo planteado previamente el pasado 2 de junio. De acuerdo con los registros oficiales, el monto reclamado asciende a $59.330.748.051,41 (pesos cincuenta y nueve mil trescientos treinta millones setecientos cuarenta y ocho mil cincuenta y uno con cuarenta y un centavos), cifra que se encuentra sujeta a la conciliación de cuentas y a la deducción exclusiva de pagos efectivamente acreditados.
En el documento, las entidades firmantes —que representan a más de 60 mil hombres y mujeres distribuidos en todo el territorio nacional que cubren emergencias las 24 horas y los 365 días del año— advierten sobre el impacto operativo de la retención de fondos.
"El transcurso del tiempo sin recibir estos fondos que le pertenecen por ley y tienen afectación específica reduce y dificulta la atención de las necesidades vinculadas con la respuesta a emergencias en todo el territorio nacional, agravándose esta situación con la llegada del evento de 'El Niño' y la temporada de incendios forestales que están comenzando", expresa el texto del petitorio.
El financiamiento del sector está amparado por la Ley 25.054 y sus modificatorias, las cuales establecen la afectación específica de los recursos destinados a garantizar la capacitación, el equipamiento y la sostenibilidad operativa de los cuarteles.
Ante la cartera económica a cargo de Luis Andrés Caputo, el Consejo solicitó el cumplimiento de cuatro medidas concretas:
Habilitación presupuestaria: Que el Ministerio adopte las medidas necesarias para habilitar el crédito y ejecutar el saldo pendiente en coordinación con la autoridad de aplicación.
Transferencia directa: Asegurar la disponibilidad y el giro de los fondos a los beneficiarios legales conforme a los porcentajes previstos por ley.
Certificación de saldos: Informar y certificar el estado actual del remanente del ejercicio 2025 y su ampliación presupuestaria.
Respuesta formal: Emitir una respuesta expresa y fundada sobre las medidas adoptadas.
El nucleamiento federal fijó un plazo prudencial de 10 días administrativos hábiles para obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades nacionales. Asimismo, advirtieron que, de persistir la falta de resolución, las entidades se reservan el ejercicio de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes —incluidas las vías frente a la mora y medidas cautelares—, aclarando que la recepción de eventuales pagos parciales no implicará la renuncia al saldo total adeudado.
