Terminó la audiencia de formalización de la investigación contra dos efectivos policiales acusados de robar elementos de la Gomería Cataleya, en un hecho que generó fuerte malestar institucional y se convirtió en el tema policial de los últimos días en la ciudad.
La audiencia estuvo a cargo del juez Alejandro Gilarrengui, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal Matías Juan, quien calificó provisoriamente el hecho como robo simple agravado por haber sido cometido por personal policial.
Los imputados son el sargento Hugo Muñoz y el cabo primero Luis Medrano.
Durante la previa, la defensora oficial Soledad Forte recomendó a los efectivos que prestaran declaración. Según expuso la letrada al replicar sus dichos, los policías intentaron justificar el accionar bajo el argumento de que no hubo dolo ni intención de robar, sino una "apropiación por error".
De acuerdo con este argumento, al no pertenecer al Comando Radioeléctrico y no conocer la zona, vieron una herramienta —un gato hidráulico— en la vía pública (en calle 29 entre 14 y 16), la subieron a la camioneta y la llevaron a la casa del hermano de uno de ellos (que casualmente tiene otra gomería), antes de continuar con el recorrido.
Un dato que llamó la atención de la fiscalía y los investigadores fue la solicitud de una medida de restricción de acercamiento. Al día siguiente del hecho, los dos policías se presentaron uniformados y a bordo de un móvil oficial en la gomería para pedirle perdón al dueño, situación que también quedó captada en registros fílmicos.
Como consecuencia de la audiencia, las defensas se dividirán. La defensora oficial solicitó apartarse de la representación conjunta al advertir grados de responsabilidad diferenciados: se indicó que Medrano habría sido quien dio la orden, mientras que Muñoz habría cumplido instrucciones. A partir de ahora, Muñoz será representado por el abogado particular Walter Bacaro.
El caso continuará su curso en la justicia local, mientras en el ámbito de la fuerza de seguridad crece el malestar y la preocupación por el impacto institucional de lo sucedido.
