La deuda del Gobierno nacional con los Bomberos Voluntarios volvió a quedar en el centro del reclamo del sistema bomberil argentino. La semana pasada, se presentó un petitorio ante el Ministerio de Economía para exigir que se transfieran los recursos que corresponden a las asociaciones de todo el país.
En diálogo con Radio 5, Hugo Santamarina, presidente de Bomberos Voluntarios de General Pico, explicó que los fondos están contemplados en la Ley Nacional 25.054, que establece un mecanismo de financiamiento para el sistema. Según detalló, el dinero se recauda a partir de un porcentaje de las pólizas de seguros: el 0,5% de su valor se destina a conformar un fondo que luego debe ser distribuido entre los cuarteles.
Santamarina indicó que durante 2025 se realizó una transferencia a cuenta, pero quedó pendiente una suma importante correspondiente al cálculo definitivo de lo recaudado. De acuerdo con las cifras mencionadas por el dirigente, la deuda total rondaría los $59.000 millones, mientras que cada cuartel tendría pendiente de recibir aproximadamente entre $53 y $54 millones.
El reclamo no se limita a una cuestión administrativa. Para Santamarina, el retraso representa una pérdida significativa de recursos frente a la inflación y compromete el funcionamiento de instituciones que prestan un servicio esencial de manera voluntaria y gratuita.
—¿Cuál es el estado de situación de la deuda que el Estado mantiene con los Bomberos?
—Es un petitorio que se envió la semana pasada al ministro de Economía. Es una deuda que mantiene el Gobierno nacional y que está establecida por ley. Todos los años, desde hace décadas, se perciben esos fondos.
Hay una ley nacional, la 25.054. Cada vez que una persona paga un seguro, el 0,5% de las pólizas se destina a conformar un fondo que después el Gobierno nacional está obligado a remitir a los bomberos.
Durante 2025 se envió un monto a cuenta y, a fin de año, se calcula el remanente de acuerdo con lo recaudado. Esa diferencia es la que estamos reclamando. El Gobierno tiene que cumplir con la ley, ni más ni menos. Esta situación afecta a todo el sistema de bomberos del país.
—¿Cómo impacta esta demora en los cuarteles?
—Estamos hablando de una suma muy importante que tendría que haber llegado alrededor de marzo. Con una inflación interanual superior al 30%, la pérdida que tenemos es realmente muy ingrata.
Hay que entender que no se trata solamente de recibir dinero, sino de contar con los recursos que corresponden para sostener el funcionamiento de los cuarteles. Estamos hablando de fondos que tienen un destino establecido.
—Hace poco hubo un sirenazo en todo el país. ¿Este reclamo era uno de los puntos centrales de aquella movilización?
—Sí, justamente. El sirenazo que se hizo hace algo más de un mes tenía varios puntos de reclamo y uno de los principales era este.
Hay una ley nacional que se está incumpliendo. Desde mi condición de abogado, considero que estamos ante una situación muy grave: hay una obligación legal de recaudar y transferir esos recursos, pero se está reteniendo un dinero que corresponde a los bomberos. Uno se pregunta dónde está y qué destino tuvo.
—¿Sos optimista respecto de que el Gobierno cambie su postura y regularice la deuda?
—A nivel personal, soy muy pesimista. Este Gobierno ha demostrado, durante estos años, que cuando toma una postura suele mantenerla. Por eso me cuesta ser optimista, especialmente cuando estamos hablando de algo tan delicado.
La sociedad demuestra un enorme respeto por los bomberos y la gente nos lo hace saber. Pero después hay decisiones políticas que son las que terminan definiendo estas cuestiones.
—¿Qué debería entender la sociedad sobre el trabajo que realizan los bomberos y los recursos que necesitan?
—Nosotros tenemos gastos de mantenimiento que rondan los $20 millones mensuales, solamente para mantener el cuartel funcionando y poder abrir las puertas y los portones. Después está la inversión en equipamiento, que es otro gasto.
Los bomberos prestan un servicio gratuito. Imaginate cuánto tendría que pagar el Estado si tuviera que hacerse cargo de todo ese trabajo. Nosotros le ahorramos una suma enorme al sistema público.
Por eso digo que, si se considera que hay que recortar gastos del Estado, habrá que discutir dónde hacerlo, pero no con los bomberos. Es lamentable que se retengan fondos que pertenecen a las instituciones y que son fundamentales para sostener el servicio.
—En un contexto de incendios forestales y otras emergencias, ¿la falta de estos recursos agrava todavía más la situación?
—Sin dudas. Nosotros en General Pico no hemos tenido que intervenir por algunas de estas situaciones, pero hay otros lugares donde los bomberos están trabajando en incendios forestales y enfrentando emergencias importantes.
Es muy feo lo que nos está ocurriendo. Estamos hablando de instituciones que están para ayudar a la comunidad, que trabajan de manera voluntaria y que necesitan esos recursos para poder cumplir con su función.
Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley y que el dinero llegue a donde tiene que llegar.
