En su paso por Radio 5, el fiscal general Armando Agüero se refirió a la causa judicial que investiga el grave episodio en el que un efectivo policial hirió a un joven con disparos de escopeta tras un incidente registrado a la salida de un local nocturno ubicado en la zona de las calles 9 y 116. Al repasar los hechos, el funcionario judicial explicó que todo se originó cuando un joven y un amigo fueron abordados por personal policial para su identificación, momento en el cual se generó un conflicto con versiones encontradas que derivó en el uso de la fuerza letal por parte del efectivo.

Al detallar la dinámica del ataque, Agüero indicó que el agente efectuó primero un disparo con un cartucho de estruendo y luego utilizó una munición antitumulto a corta distancia: "Ese disparo lo hace a una proximidad, digamos muy corta distancia, sobre el hombro axila de este joven, provocándole lesiones graves". Asimismo, agregó que, tras esta agresión, el muchacho intentó huir corriendo y el uniformado le efectuó un nuevo disparo que le impactó en la espalda, antes de ser finalmente demorado a pocas cuadras y asistido por personal del SEM.

Consultado sobre las expectativas de la acusación de cara al debate que se desarrollará la próxima semana durante cuatro jornadas consecutivas, el fiscal precisó que la imputación recae sobre un delito de lesiones graves agravado por ser personal policial en ejercicio abusivo de sus derechos y obligaciones. En ese sentido, anticipó la estrategia de la contraparte y fundamentó la postura de la fiscalía: "Seguramente el personal policial, este joven policía, va a través de su defensor a sostener que la conducta fue ajustada a la proporcionalidad de la fuerza pública que ellos tienen y las facultades reglamentarias, y nosotros llevamos una teoría distinta que entendemos que esto era innecesario, no habilita la ley el uso de armas de fuego en ese contexto".

Finalmente, el fiscal general advirtió sobre la gravedad de la escala penal prevista para este tipo de calificación y las consecuencias institucionales que acarrearía un fallo condenatorio. Al respecto, Agüero explicó que la figura legal apunta directamente a la privación de la libertad antes que a la inhabilitación administrativa: "Tiene una sanción penal que arranca en cuatro años de prisión, es absolutamente grave, así que de ser condenado este joven policía por ese delito terminaría detenido".