Una concentración se llevó a cabo en las puertas de los tribunales de General Pico en el día de hoy, convocada en apoyo a la docente Ana Contreras y en reclamo de que la justicia ordinaria no intervenga en asuntos que consideran propios del ámbito educativo. Representantes gremiales y docentes expresaron su preocupación por la judicialización de casos escolares, argumentando que el sistema educativo cuenta con sus propias normativas, reglamentaciones y tribunales competentes para analizar la conducta de los educadores en el aula.

"Esto debe resolverlo el Ministerio de Educación. Hasta ahí debería haber llegado. Es una cuestión interna, no de la justicia ordinaria", señaló uno de los manifestantes, reflejando el sentir generalizado de los presentes.

Jerónimo Altamirano es el abogado defensor de Ana Contreras y ya confirmó que el caso fue enviado al TIP para su revisión. 

"Lo que nosotros decimos es que el juez o la justicia no debe inmiscuirse en el ámbito escolar porque el ámbito escolar tiene sus propios mecanismos para poder analizar casos donde haya un comportamiento inadecuado, el incumplimiento del deber de la tarea docente", explicó Calderón, vocera de UTELPA.

En este sentido, recordaron la existencia de un Tribunal de Disciplina dentro del sistema educativo, con la potestad de juzgar a los docentes e incluso aplicar sanciones como la separación del cargo o la cesantía, de acuerdo a la gravedad de la falta. El pedido unánime fue que el juez revea su decisión y que la docente sea liberada, sentando un precedente para que la justicia se retire del ámbito educativo.

Paralelamente, los manifestantes dirigieron sus demandas hacia el Ministerio de Educación, exigiendo que se "aceiten o aceleren" los procesos y mecanismos ya construidos, como la guía de orientación para la resolución de situaciones conflictivas en la escuela, fruto del trabajo en mesas interministeriales con la participación de la UTELPA.

"Nosotros recuerden ustedes que hace más de un año hicimos un paro que tenía que ver con esta problemática, decíamos la escuela sola no puede", recordó Calderon. 

En este contexto, se insistió en la necesidad de que el Ministerio se responsabilice de asegurar el funcionamiento permanente de estos mecanismos, así como de garantizar la formación y capacitación de los docentes para la gestión de situaciones conflictivas. También se destacó la importancia de escuchar a todas las partes involucradas, incluyendo a las familias de los estudiantes.

"Cuando pasa al ámbito de la justicia, evidentemente también algo pasó dentro del sistema educativo para terminar ahí, y en este caso el hilo se corta por lo más fino que es la docente", concluyó Calderón.