Un importante despliegue policial y judicial llevado adelante en la localidad de Monte Nievas permitió desmantelar un centro clandestino de faena y distribución cárnica que operaba en galpones ferroviarios y una carnicería de la zona.

 

El operativo, coordinado por el fiscal Matías Juan y ordenado por la jueza de control Dra. Ana Laura Ruffini, contó con la participación de personal de distintas dependencias policiales, la Dirección de Ganadería, SENASA y un médico veterinario policial. En diálogo exclusivo con Radio 5, el fiscal brindó detalles del procedimiento y advirtió sobre la gravedad de las irregularidades detectadas.

"Nosotros ayer hicimos un procedimiento bastante grande con personal policial de distintas dependencias, incluso del poder ejecutivo, dirección de ganadería y SENASA. Administrado por una familia de apellido Mostaza, y se detecta y se prueba con una gran cantidad de elementos, una suerte de frigorífico o centro clandestino ilegal de faena, de carne vacuna y porcina en los galpones, y después la posterior venta en la carnicería.", afirmó sin dudas Juan. 

"Condiciones deplorables y peligro para la salud pública Las pericias bromatológicas preliminares confirmaron que el lugar funcionaba completamente al margen de la ley, sin ningún tipo de habilitación ni control sanitario por parte de los organismos competentes", aseveró Matías Juan.

Para el fiscal, el riesgo principal radica en la exposición de la población a graves enfermedades: "Eso permite sostener una peligrosidad en las condiciones bromatológicas de esa carne para el posterior consumo humano, y la posibilidad de contracción de enfermedades, en especial la carne porcina por la triquinosis. De hecho, se detecta en la carnicería condiciones higiénicas deplorables, había una picadora de carne con restos de carne, que eso, según los expertos de ganadería que participaron, podría derivar en enfermedades y contamina otra carne, y se vende al público."

Como resultado del allanamiento, tres integrantes de la familia investigada y tres empleados fueron demorados para garantizar la normalidad del procedimiento, siendo posteriormente notificados en libertad.

Serán imputados por delitos contra la salud pública, una figura penal severa. Al respecto, el fiscal remarcó: "El delito en cuestión, este, que estamos investigando, que es el de la salud pública, tiene una pena bastante alta, porque va de los 3 años a los 10 años de prisión. Entonces, el código penal reprime muy severamente este tipo de hechos."

Derivaciones a General Pico y un restaurante implicado

La investigación se originó tras una serie de interceptaciones realizadas en la vía pública —en Speluzzi el 18 de agosto y en Eduardo Castex el 21 de agosto— a un transportista vinculado a la familia, que trasladaba mercadería con sellados sospechosos y sin habilitación. Sin embargo, uno de los datos más alarmantes que arrojó el registro de los galpones fue el hallazgo de documentación comercial con ramificaciones directas en otras ciudades: "Entre los elementos que se han secuestrado, había documentación que indicaba varios comercios, incluso algunos de General Pico, y que por las anotaciones parecían ser que eran a donde se vendía la carne. Y eso es lo grave, porque hay un restaurant conocido acá de General Pico que también aparece ahí mencionado."

El fiscal explicó que en el sitio se secuestraron freezers, cámaras de frío, utensilios de faena y gran cantidad de reses y medias reses colgadas con ganchos, simulando la estructura de un frigorífico formal, comercializando los productos a un precio considerablemente más económico debido a la ausencia de costos bromatológicos e impositivos.

¿Posible abigeato e implicancias penales?

Durante la inspección visual en el predio, las imágenes captadas por las fuerzas de seguridad mostraron una vaca muerta a bordo de una camioneta, además de diversos cueros y caravanas identificatorias. Sobre este punto, el fiscal aclaró que la prioridad actual es la salud pública, sin descartar delitos conexos: "Lo que nosotros trabajamos es con el delito contra la salud pública. Si se va a investigar eventualmente si se determinara que ese animal que se ve en la camioneta u otros, porque había varios cueros, [...] podrían venir de algún delito. Eso ya es una investigación para más adelante."

Finalmente, Matías Juan confirmó que uno de los principales investigados cuenta con una condena previa dictada en 2022: "Destacar, si querés, como dato, que uno de ellos, que uno de los principales investigados por administrar y manejar todo esto, tiene un antecedente, tiene una condena del año 2022, o que su situación procesal en esta causa, a raíz de eso, podría estar más complicada. Una nueva condena sería necesariamente de efectivo cumplimiento."