El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa emitió un comunicado en el que manifestó su profunda preocupación por el deterioro estructural y la precarización que afecta a las Defensorías de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia. La organización gremial advirtió que las políticas de ajuste nacional y el desfinanciamiento estatal están afectando de manera directa el acceso a la Justicia, especialmente para los sectores más vulnerables que dependen de la defensa pública para hacer valer sus derechos.

Entre los principales reclamos, el sindicato remarcó una severa falta de personal provocada por la falta de concursos de ascenso y el vaciamiento tras renuncias o jubilaciones que no son cubiertas. A esta sobrecarga laboral se suma el hecho de que durante 2025 se crearon dos nuevas Defensorías sin la asignación de nuevos agentes. Asimismo, denunciaron el incumplimiento en la distribución de bonificaciones paritarias y las pésimas condiciones edilicias de trabajo, caracterizadas por el hacinamiento y la falta de ventilación en las oficinas. Ante esta situación, desde el gremio exigieron medidas urgentes e incorporación de personal para evitar el colapso de un servicio esencial.

A continuación, el comunicado completo:

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa expresamos nuestra profunda preocupación por la gravísima situación que atraviesan las Defensorías de las cuatro circunscripciones judiciales y advertimos sobre el progresivo deterioro de las condiciones en las que trabajadores y trabajadoras deben garantizar, todos los días, el acceso a la Justicia.

El contexto nacional no es ajeno a esta realidad. Las políticas de ajuste, el achicamiento del Estado y el desfinanciamiento de las provincias tienen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de nuestra sociedad y, especialmente, sobre quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Cuando el Estado se retira, cuando se reducen recursos y cuando se desatienden las políticas públicas, quienes primero sienten sus consecuencias son los sectores que más necesitan protección: mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes que reclaman el cumplimiento de sus derechos alimentarios, personas adultas mayores, personas con discapacidad y todas aquellas personas que necesitan de la defensa pública para acceder efectivamente a la Justicia.

En este escenario, las Defensorías cumplen una función esencial. Sin embargo, quienes sostienen diariamente ese servicio también se encuentran atravesando una situación de creciente precarización y abandono. La falta de personal, la ausencia de nuevos ingresos, la sobrecarga laboral producto de renuncias y jubilaciones que no son reemplazadas, la falta de concursos de ascenso y la consecuente pérdida de trabajadores y trabajadoras con experiencia y formación específica configuran un cuadro que no puede seguir naturalizándose.

A esto se suma una situación particularmente preocupante: durante 2025 fueron creadas dos nuevas Defensorías sin que se haya incorporado un solo trabajador o trabajadora para garantizar su funcionamiento. También denunciamos la existencia de bonificaciones insuficientes y una distribución desigual respecto del Superior Tribunal de Justicia, tanto en cantidad como en porcentaje, por debajo de lo establecido en el Acta Paritaria Sectorial N.º 026/14.

Como si esto fuera poco, las y los trabajadores deben desarrollar sus tareas en condiciones edilicias que, en muchos casos, resultan indignas: espacios hacinados, oficinas sin ventanas que permitan una adecuada renovación del aire y ámbitos improvisados que no reúnen las condiciones necesarias para garantizar un ambiente laboral saludable y seguro. Pero existe una cuestión aún más profunda: el abandono y el desconocimiento de la importancia de las tareas que realizan quienes trabajan en las Defensorías.

No estamos hablando simplemente de puestos de trabajo o de cuestiones administrativas. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que cumplen una función esencial para garantizar derechos y que constituyen, muchas veces, el primer y único contacto que tienen los sectores más vulnerables con el sistema de Justicia. Por eso, desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa decimos con claridad: no hay acceso a la Justicia sin trabajadores que puedan garantizarlo en condiciones dignas.

No se puede exigir que las y los trabajadores sostengan con su esfuerzo, su sobrecarga laboral y hasta con el costo de su propia salud un servicio esencial que es responsabilidad del Estado garantizar. Frente a esta realidad, exigimos que se adopten medidas urgentes y concretas para garantizar el funcionamiento adecuado de las Defensorías de las cuatro circunscripciones, incorporando personal, cubriendo las vacantes existentes, garantizando condiciones edilicias dignas, respetando los acuerdos paritarios y reconociendo el trabajo y la responsabilidad de quienes sostienen diariamente este servicio.

La defensa pública es el único puente entre los sectores más vulnerables y la Justicia. Si ese puente se rompe, lo que se silencia es la voz de quienes menos tienen.