La Defensa Pública presentó un hábeas corpus correctivo colectivo ante el juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual. Sostiene que existe un déficit crítico de camas, hacinamiento y graves problemas edilicios, sanitarios y de atención dentro del establecimiento de la UR II. Se reclama de manera particular por los internos Facundo Adrián Viera, Samuel Díaz, Axel Leonel Romero, Joaquin Diaz, Franco Falcon y Dario Ivan Romero
La Defensa Pública de La Pampa presentó este lunes un hábeas corpus correctivo colectivo ante el juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual, por las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad en la Alcaidía de la Unidad Regional II de General Pico.
El planteo, firmado por el Defensor General Martín Saravia, la defensora María Soledad Forte y el defensor adjunto Mauro Fernández, sostiene que las condiciones de detención vulnerarían las garantías constitucionales vinculadas al trato digno de las personas privadas de su libertad.
Uno de los principales puntos planteados por la Defensa es el hacinamiento. Según el escrito, el viernes 4 de septiembre la Alcaidía alojaba a 76 detenidos: 47 condenados con sentencia firme y 29 personas con prisión preventiva.
Sin embargo, de acuerdo con un informe oficial de la Unidad Regional II citado como prueba, los cinco pabellones activos cuentan con 39 tarimas o camas de concreto. Esto implica, según el cálculo realizado en la presentación judicial, un déficit de 37 camas individuales.
El documento advierte que una parte importante de los detenidos estaría obligada a dormir sobre el piso de cemento ante la falta de camas.
La Defensa también señala que, si bien desde 2024 se ejecutan obras destinadas a ampliar la capacidad del establecimiento en diez plazas, esas instalaciones todavía no fueron inauguradas y, según el planteo, tampoco alcanzarían para resolver el déficit actual.
Uno de los sectores que concentra las mayores críticas es el denominado Pabellón 5, originalmente destinado a celdas de castigo o aislamiento transitorio.
Según la presentación judicial, actualmente ese sector es utilizado para alojar regularmente a detenidos. La Defensa asegura haber realizado relevamientos personales durante el 3 y 4 de septiembre y describe condiciones edilicias y sanitarias consideradas extremadamente deficientes.
Entre las situaciones denunciadas aparecen celdas ocupadas por hasta nueve personas, falta de ventilación, humedad, filtraciones, ausencia de calefacción y cortes del suministro de agua durante la noche.
También se describe la existencia de problemas en las instalaciones cloacales, con olores, aguas servidas y presencia de insectos y roedores. En algunos sectores, según el escrito, los detenidos dormirían sobre colchones deteriorados directamente en el piso.
La presentación también cuestiona la provisión de elementos básicos de higiene, como jabón y papel higiénico, que —según la Defensa— deberían ser aportados por las familias de los detenidos.
El escrito judicial incluye además el relevamiento de otros detenidos.
En el caso de Samuel Díaz, la Defensa denuncia que siete personas se encontraban alojadas en un sector de aislamiento, donde además habría problemas de ventilación e iluminación. Se señala particularmente el desborde de una cloaca ubicada dentro de las celdas y la presencia de aguas servidas, moscas, cucarachas y ratas.
También se denuncia que los detenidos no contarían con elementos suficientes para dormir, que recibirían una cantidad insuficiente de comida y que existirían dificultades para acceder a atención médica y a medicación de uso habitual.
Otro de los casos mencionados es el de Axel Leonel Romero. Según el relevamiento incorporado al hábeas corpus, compartiría el espacio con entre siete y ocho personas, pese a que el sector habría sido proyectado para un máximo de cuatro.
La Defensa también denuncia cortes de electricidad prolongados, falta de ventilación, pisos húmedos, colchones deteriorados y problemas con los sanitarios y las cloacas.
Frente a este escenario, la Defensa Pública solicitó al juez Pascual que haga lugar al hábeas corpus colectivo y ordene el cese inmediato del agravamiento de las condiciones de detención.
Entre las principales medidas solicitadas figura la clausura inmediata del Pabellón 5, con reubicación de las personas allí alojadas en sectores que cuenten con camas individuales, ventilación, luz natural y sanitarios adecuados.
También reclamó la provisión urgente de camas, colchones y sábanas, la inauguración del nuevo pabellón construido, la reparación de las redes sanitarias, la desobstrucción de las cloacas, la desinfección ante la presencia de plagas y el restablecimiento permanente del servicio de agua potable durante la noche.
Finalmente, pidió establecer un plan de separación por categorías, con el traslado de los 47 condenados a establecimientos específicos para el cumplimiento de sus penas, diferenciándolos de las personas que permanecen privadas de su libertad bajo prisión preventiva.
El planteo fue presentado este 7 de septiembre de 2026 y ahora deberá ser analizado por el juez de Ejecución Penal.
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